- En el Congreso del estado van a cerrar el expediente de Aguakan.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- El presidente de la Comisión Legislativa Transitoria para revisar y retirar las concesiones del agua potable a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. (Aguakan), Humberto Aldana Navarro, dio a conocer que en los siguientes días sesionarán para cerrar de manera formal el expediente.
Y reconoció que, sin importar los resultados de la consulta pública de junio de 2022, en donde los habitantes de Isla Mujeres, Puerto Morelos y Benito Juárez, exigieron a través del voto la salida de Aguakan de estos municipios, la empresa continuará sus operaciones en esas demarcaciones del norte del estado con la protección de la justicia federal.
Aldana Navarro dio a conocer que, sin mucho éxito, cerrarán el expediente y dependerá de los diputados de la XVIII Legislatura retomarlo o archivarlo.
Advirtió que en ese expediente también queda como uno de los principales pendientes, investigar el paradero o responsable de la desaparición de los más de mil cincuenta millones de pesos que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) recibió como contraprestación por la ampliación de la concesión, y que desaparecieron de las cuentas de este organismo.
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Recordó que, a propuesta de esta Comisión, desde diciembre de 2023, desde el Congreso local se derogó el decreto 250 de la XIV legislatura, el cual extendió hasta 2053 la concesión para Aguakan, autorizada por el gobierno de Roberto Borge Angulo.
Y que se instruyó dar seguimiento a las posibles rutas que siguieron los recursos económicos, de los cuales a pesar de que se dieron algunas investigaciones y hasta se detuvo a una exdirectora de CAPA, hasta esta fecha no aparecen.
Sin embargo, dijo, la empresa logró con un juicio de amparo detener de manera provisional el retiro de la concesión y esperan la determinación final de las instancias jurisdiccionales de la Federación, para saber si continúa o se le quita el control de las operaciones del agua potable en el norte del estado.
“El Poder Judicial otorgó el amparo y entendemos que desde el Poder Ejecutivo se están presentando las pruebas para demostrar que el retiro del decreto de concesión se trata de un acto de justicia para defender un insumo importante para las familias y que es un derecho humano recibirlo, mientras que la empresa sólo está defendiendo su negocio”, refirió.
Insistió en señalar que, por tratarse de un derecho humano, el gobierno del estado tiene la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y reclamar esa concesión del agua potable, para evitar que particulares mantengan el control del vital líquido y lo cobren a precios altísimos, además de ofrecer un pésimo servicio.
