Corrige la Corte a una Legislatura pasada de Quintana Roo

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  • La XVI Legislatura de Quintana Roo tuvo pifias en una Ley para personas con discapacidad.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enmendó la plana al Congreso del estado de Quintana Roo por un asunto de hace tres años y medio.

Al Legislativo estatal le reiteró que sus integrantes deben asegurarse que los cambios normativos formulados a favor de las personas con discapacidad deben dar una respuesta puntual a sus necesidades reales.

Una manera de que los diputados puedan cerciorarse de cumplir con ese derecho humano es realizar una consulta previa, pública, abierta, regular y accesible entre las personas interesadas, lo que en el caso específico no aconteció.

En este caso específico analizado por el máximo tribunal, se atendió un reclamo jurídico por la falta de una consulta pública presentado por la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Rosario Piedra Ibarra, el 21 de abril de 2022.

En el recurso legal se impugnó la validez legal del Decreto 216 por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad de Quintana Roo, publicado con anterioridad el 23 de febrero.

El documento citado fue emitido por la XVI Legislatura que estuvo en funciones de 2019 a 2022, y posteriormente se promulgó en el Periódico Oficial del Estado.

Las modificaciones legales fueron avaladas por los exdiputados petista y panista, Roberto Erales Jiménez y Kira Iris San, respectivamente, quienes plasmaron su firma en el decreto mencionado.

En la resolución de la acción de inconstitucionalidad 60/2022 (a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo) publicada este jueves en el Diario Oficial de la Federación, se otorgó el plazo de un año antes de que se haga efectiva la invalidez legal de los cambios y adiciones.

La normativa impugnada corresponde a un par de fracciones del artículo 52, la adición de otras dos del artículo 51, y el Capítulo XIII “Del Parlamento para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo”.

Igualmente, el título segundo “De los derechos de las personas con discapacidad”, que contiene nueve artículos y la fracción III del artículo 52.

En el ordenamiento se establece que las Comisiones legislativas de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, de Derechos Humanos, y de Asuntos Municipales, son las encargadas de organizar, difundir y ejecutar los trabajos del Parlamento para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Legislativas.

El Parlamento se concibió como un espacio de expresión para asegurar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y opinión, con el objetivo de contribuir a un desarrollo sano y de inclusión social en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

Igualmente, se establece la logística para emitir la convocatoria pública para seleccionar a las personas participantes en representación de cada uno de los 11 municipios y de los distritos electorales.

Se imponen también los requisitos de selección para la asistencia, y de las personas que fungirán como propietaria y suplente, las cuales deberán presentar propuestas para mejorar el marco normativo estatal.

Al Instituto de Investigaciones Legislativas se le facultó para analizar las propuestas y determinar su viabilidad, y después presentarlas ante las comisiones respectivas en un plazo no mayor de tres meses.

Al Poder Legislativo se le encomendó promover y definir las políticas públicas tendientes a eliminar la discriminación, celebrar convenios de colaboración con autoridades y vigilar que se cumpla la Ley y otras disposiciones relacionadas.

Promover, además, las propuestas e iniciativas generadas del Parlamento que contribuyan al desarrollo, inclusión, igualdad de condiciones, la no violencia y para evitar la discriminación.

En el mismo paquete legal se contempló la entrega de un reconocimiento a los participantes del grupo vulnerable, “por la distinción de haber formado parte de la vida política”.