Por KUKULKÁN
SI HAY ALGO que define a la oligarquía judicial mexicana es su habilidad camaleónica para interpretar la ley a conveniencia. Un día la Constitución es sagrada e inmutable, y al siguiente es un pedazo de papel que puede doblarse, romperse o reescribirse si así lo exige la defensa de sus privilegios. La más reciente jugada de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es digna de un manual de usurpación institucional: nombrar, antes de tiempo y sin facultades, a los integrantes del nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ), porque claro, ¿para qué esperar a que el pueblo elija a los nuevos ministros si pueden dejar todo bien atado desde ahora?
LA MINISTRA Lenia Batres lo llamó por su nombre: una usurpación descarada. La reforma judicial, aprobada en septiembre de 2024, establece claramente que los integrantes del OAJ deben ser designados después del 1 de junio, cuando los nuevos ministros sean electos por el voto popular. Pero la SCJN actual, esa misma que ha peleado con uñas y dientes contra cualquier intento de transformación, quiere asegurarse de que su control sobre el Poder Judicial sobreviva incluso cuando ya no estén en sus mullidos sillones. La maniobra es tan burda que ni siquiera intentaron disfrazarla de un acto de responsabilidad institucional; simplemente quieren dejar a sus alfiles listos para cuando tengan que rendir cuentas.
EL PRETEXTO, como siempre, es el “equilibrio de poderes”, esa frase que la élite judicial repite como mantra cuando siente que se le escapa el control. Pero el verdadero motivo es más simple: seguir manejando los hilos de los millonarios recursos del Poder Judicial, asegurarse de que cualquier auditoría futura no descubra más de lo necesario y, de paso, torpedear cualquier intento de cambio en la estructura judicial del país. Y es que si algo ha demostrado esta Corte es que su principal vocación no es impartir justicia, sino defender el statu quo.
LO IRÓNICO del asunto es que ni siquiera les salió bien el numerito. En sesión privada, el lunes intentaron consumar su madruguete, pero la ausencia de un ministro impidió que lograran la votación calificada de ocho que necesitaban para aprobar el acuerdo. No fue por falta de voluntad, claro está, sino por un error logístico. Un simple imprevisto que dejó en evidencia que su urgencia no tenía nada que ver con la Constitución ni con la estabilidad del Poder Judicial, sino con la prisa por blindar su control antes de que la democracia meta las manos.
ESTE intento de albazo no sólo es inmoral, como bien lo señala Batres, sino que es una confesión de parte: si no hubiera nada que ocultar, ¿por qué tanta prisa en designar a quienes manejarán los recursos del Poder Judicial? ¿Por qué la necesidad de que sean los ministros actuales y no los que llegarán tras las elecciones quienes elijan a los integrantes del OAJ? La respuesta es obvia: quieren asegurarse de que el dinero siga fluyendo sin molestias, sin auditorías incómodas y sin la amenaza de que un nuevo orden judicial ponga bajo la lupa años de despilfarro y manejos opacos.
Y AHÍ ES donde queda claro el verdadero problema de esta Corte: su profunda desconexión con la realidad. Se resisten a aceptar que los tiempos han cambiado, que el pueblo tiene voz y voto, y que la justicia no puede seguir siendo el feudo de una élite que decide qué artículos de la Constitución le convienen y cuáles no. Si la ley fuera realmente su prioridad, no estarían intentando torcerla antes de que llegue el relevo. Lo que queda por ver es si insistirán en su intentona o si, como buenos operadores de la vieja escuela, encontrarán una forma más sutil de salirse con la suya. Porque si algo han demostrado estos ministros es que, cuando se trata de defender sus intereses, la creatividad no les falta.
