- El Congreso de la Unión no ha logrado redactar la legislación para dotar de herramientas jurídicas a los estados y a la federación en cuanto a la Ley de Justicia Alternativa.
RUBÉN TORRES
CANCÚN. Q. ROO.- Los vertiginosos cambios jurídicos experimentados en los últimos años, en particular en 2020, no pueden seguir esperando los “lineamientos nacionales” para adecuar e impulsar los cambios necesarios en la legislación, consideró Roxana Lili Campos Miranda.
La diputada lamentó la pasividad del Congreso de la Unión que no ha logrado redactar la legislación para dotar de herramientas jurídicas a los estados y a la federación en cuanto a la Ley de Justicia Alternativa.
Por lo tanto, resaltó la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Quintana Roo no puede continuar inmóvil.
Presentó el proyecto de iniciativa de Ley de Justicia Alternativa del Estado que fue turnado a la Comisión de Justicia de la XVI Legislatura, que ella encabeza, que deberá ser analizado y posteriormente discutido para determinar cuándo se presenta ante el Pleno.
“En 1997, Quintana Roo promulgó la primera Ley de Justicia Alternativa y se crearon los Centros de Justicia Alternativa en los municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez, Cozumel y Felipe Carrillo Puerto, que también tiene jurisdicción en José María Morelos”, explicó en la exposición de motivos.
“Desde entonces, en el estado se sortearon enormes retos para lograr sus objetivos a pesar de que representaba algo nuevo e innovador en la resolución de conflictos en el ámbito de justicia, aplicando el procedimiento incipiente porque no se tenía nada parecido en esa época.
“Pero los años han mermado su evolución y la tardanza de tres años del Congreso la ancla más”.
Otros mecanismos
Campos Miranda juzgó que la iniciativa que presentó pretende readecuar los lineamientos para establecer los mecanismos alternativos a la vía jurisdiccional como la conciliación, la mediación y el arbitraje, con el propósito de que los ciudadanos resuelvan sus controversias.
“El Congreso debe continuar adecuándose a los cambios que en el contexto nacional se han venido realizando en el último lustro del presente siglo, siendo en 2014 su última actualización y los retos de los Centros de Justicia Alternativa son los de garantizar a todas las personas la aplicación de mecanismos sencillos de resolución de controversias”.
Así como las acciones de mediación, la conciliación, la amigable composición, la negociación y los procesos restaurativos para poder resolver sus diferencias, así como fomentar e impulsar una cultura de la paz, explicó.
“No obstante, se observa que a nivel nacional aún no existe unidad de criterios o estándares mínimos aplicables en cuanto a la formación y los requisitos de certificación de mediadores y conciliadores, o los efectos de los convenios que resultan de estos mecanismos alternativos. “Esta situación dificulta que se comparta un lenguaje común en la resolución de las disputas”.
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