- Juez federal obliga a Gustavo Miranda a garantizar el suministro de energía eléctrica y agua a grupo de activistas hasta el último día que dure la protesta.
MARCO ANTONIO BARRERA
CHETUMAL, Q. ROO.- A pesar de que el Congreso de Quintana Roo decretó suspender labores ante el Covid-19, eso no justifica que les tenga que cortar el suministro de energía eléctrica y agua a las manifestantes feministas en plantón en las instalaciones del recinto desde el pasado 25 de noviembre.
Por orden de un juez federal, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jugocopo) Gustavo Miranda está obligado en garantizar que estos servicios no les sean interrumpidos hasta el último día que dure la protesta.
Una suspensión provisional del juzgado Primero de Distrito protegió a las manifestantes en sus derechos de manifestación y la libre reunión consagrados en la Carta Magna.
En su lucha, los colectivos exigen modificaciones a las leyes locales que promuevan la igualdad, el respeto y la protección de las mujeres ante el incremento de feminicidios y otras conductas delictivas cometidas por razón de género.
La medida cautelar forma parte del juicio de amparo 51/2021 que interpusieron Ariadne Song Anguas (Red Feminista Quintanarroense), María Roceli Dzib García (defensora de los derechos indígenas), Erika Lizbeth Cornelio Ramos (Instituto de Empoderamiento y Liderazgo ZAZIL HA) y Yunitzilim Rodríguez Pedraza (Marea Verde).
Además, Marina Aranzazu Parra del Ángel (médico de especialidad), Claudia Guadalupe Sánchez Martín (psicóloga jurídica) y las defensoras de derechos de las mujeres Flor de Abril Camerino Castañeda y Ana Laura Onofre Tapia, el pasado miércoles.
La protección del juez fue solicitada ante una nueva denuncia por el corte del suministro eléctrico que afectó el abasto del agua en los sanitarios por el decreto emitido por la Comisión Permanente de la XVI Legislatura, mediante el cual se suspendieron labores, términos procesales, legislativos y legales del 21 de enero al 15 de febrero, con el objetivo de inhibir la propagación del virus.
El juez consideró suficientes los argumentos para acreditar un “interés indiciario” (legítimo), evidenciar que se perjudica el interés social y se contravienen disposiciones de orden público.
A decir de las quejosas, la falta de luz y de agua potable les impide realizar el plantón, ya que el vital líquido es utilizado para su consumo, atender las necesidades sanitarias y su higiene personal para evitar contagios del virus.
El corte de los servicios, insistieron, atenta también contra su derecho humano a seguir manifestándose de manera pacífica y de libre reunión que han venido realizando hace casi 65 días.
Las activistas han insistido en que su lucha es también contra el incremento de casos de feminicidios y otras conductas delictivas, como tortura, golpes, mutilaciones, abusos, discriminación, desapariciones forzadas por cuestión de género.
De los hechos similares ocurridos en las instalaciones legislativas el 21 de diciembre pasado, en que los sanitarios fueron insalubres, las quejosas consideraron los hechos como tratos crueles que constituyeron tortura.
El juzgador en su análisis consideró improcedentes estos últimos argumentos, pues fueron actos consumados de imposible reparación. La suspensión provisional concedida estará vigente mientras dure la manifestación en el Congreso local, hasta que se notifique a las autoridades sobre la suspensión definitiva que se dicte en el caso, cuya audiencia constitucional se agendó para el primero de marzo próximo.
Te puede interesar: Covid-19 prolonga el rezago parlamentario en QR
