La designación del nuevo integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo se retrasará.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- La designación del nuevo integrante del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo se retrasará por el inusual registro de 30 aspirantes que rebasó toda expectativa.
El Comité de Selección reconoció que trabaja a marchas forzadas para comprobar perfiles académicos, constatar trayectorias, realizar entrevistas y valorar conocimientos, capacidad y compromiso para cumplir las leyes de transparencia y anticorrupción.
El proceso podría extenderse del programado día 10 hasta el 13 o el 15 de marzo, ante la carga de trabajo de los cinco evaluadores que pretenden encontrar al mejor perfil que conozca de administración pública, políticas públicas, fiscalización y cuenta pública, que tenga liderazgo y sea una persona honrada.
Para el ex presidente de la organización civil Ciudadanos por la Transparencia, Juan Ignacio Athie, en entrevista con Luces del Siglo, lo importante será que la trayectoria académica y curricular tengan relación con el tema anticorrupción.
“Si hay alguien que, aunque tenga muy altos niveles académicos, si nunca ha trabajado sobre el tema de transparencia o de corrupción, pues no va tener un buen elemento, aunque tenga la madera va tardar en desarrollarla. Si, buscamos perfiles que de preferencia puedan tener antecedentes robustos en el tema”.
La ex consejera ciudadana Miriam Cortés dijo también a este medio que la búsqueda será de quienes “sepan administración pública, de políticas públicas, de fiscalización, de cuenta pública pero también cuenten con liderazgo y con una trayectoria honrada”, en cuyo proceso la trayectoria académica será determinante.
Otros aspectos que retrasarán el proceso son la entrega de documentos de los interesados, como la carta de antecedentes no penales o de haber radicado en el lugar donde se vive. “No siempre se las entregan de inmediato, entonces tienen una prevención, para que los entreguen. Y bajo esa premisa estamos esperando”.
Cada integrante del Comité de Selección utiliza una matriz de 30 indicadores sobre la cual evalúa y califica (en una escala del 1 al 5) los antecedentes, conocimientos y experiencia de los aspirantes, pero también su participación en casos específicos para determinar su grado de conocimiento de los procesos. Luego, se pasa a la trayectoria laboral.
Las calificaciones se discuten y se procede a las entrevistas que podrían darse a distancia con el uso de la tecnología por las medidas sanitarias del Covid-19, a partir del próximo viernes. Los resultados se integrarán en su conjunto a un conteo general de cada aspirante.
Hay perfiles entre los 30 candidatos que resaltan por sus cargos en el servicio público, como Alberto Romo, presidente de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Elías José Abuxapqui Adam, ex rector fundador de la Universidad Tecnológica de Chetumal en el pasado gobierno estatal o Moisés Alfaro Zerecero, que estuvo al frente de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje de Cancún, entre otros.
Athie Lambarri comentó que en la evaluación se interpretará el currículum, la carta solicitud, los antecedentes académicos y los antecedentes profesionales. Incluso, la disposición de las personas para entregar su declaración 3de3.
“Independientemente hayan estado en el trabajo público, tenemos que buscar los antecedentes de la evaluación de la persona en su desempeño, no es nada más el hecho de que haya trabajado y que haya salido bien, porque quienes tienen unos currículums importantes cuando uno empieza a navegar y a preguntar y a referir, si encontramos que ha habido reclamos o señalamientos de conductas no adecuadas”.
Para Miriam Cortés todo se valorará “porque en papel se pueden poner muchas cosas, pero ya en la entrevista nos sacarán de alguna duda”.
En el proceso, los evaluadores recurren también a la internet y a las redes sociales para conocer comentarios sobre los aspirantes, “si tienen razón o si no tienen razón”, además que solicitan referencias para crear ideas más claras.
“Muchos de nosotros hemos conocido a la persona y de alguna manera, aunque la opinión individual y la calificación de cada uno se respeta, al final salen los promedios. En algunos casos se discute por qué alguien pone una calificación más alta o más baja y en qué se fundamenta, para que aquel que no haya encontrado esa referencia la tengamos”.
Juan Ignacio Athie consideró que el CPC requiere de una persona que sepa trabajar en equipo, de tiempo completo, que tenga conocimiento y experiencia, que sepa consensuar, con capacidad de comunicación y que trabaje sobre las leyes anticorrupción, además de disposición y entender el tema.
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