- La entidad quintanarroense lidera la lista nacional de casos de personas sancionadas por violencia política contra mujeres en razón de género.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Junto con Campeche y Veracruz, la entidad quintanarroense lidera la lista nacional de casos de personas sancionadas por violencia política contra mujeres en razón de género.
El Instituto Nacional Electoral (INE) enlistó a 19 personas (15 hombres) que fueron penalizadas en nueve estados del país, de los cuales dos casos se perpetraron en los municipios de Puerto Morelos y de Solidaridad, Quintana Roo, por cuatro varones responsables.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra Mujeres en Razón de Género (RNPS), en el primero de estos casos estuvieron confabulados tres hombres durante la pasada elección de diputados locales en 2019, en la que compitió como candidatas la actual legisladora con licencia por el Distrito 1, Teresa Atenea Gómez Ricalde.
En el procedimiento sancionador del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) número IEQROO/CG/R-020-2020, se estableció que la entonces candidata por la coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, fue víctima de llamadas agresivas, violentas y discriminatorias a través de su teléfono celular.
El caso se vinculó a la detención de tres varones que atentaron contra la vida privada de la legisladora, al repartir panfletos en los que se promovía servicios sexuales cuyo número de contacto era el que utilizaba la política originaria de Isla Mujeres.
Los responsables fueron identificados como Merced Ortiz Maya (35 años de edad), director de Protección Civil del municipio isleño, su sobrino Ángel Antonio Ortiz Franco (22 años) y un amigo de este último, Cristian Alberto Ojeda Chuc (22 años), quienes al ser detenidos tenían 98 volantes que repartían en la calle Chechen, entre Ramón y Ciricote, de la colonia Zetina Gasca en el municipio de Puerto Morelos.
La afectada denunció que se fomentó una intimidación contra su participación en el proceso electoral 2018-2019, debido a que recibió en plena jornada “llamadas agresivas, violentas y discriminatorias y que lastimaron mi dignidad como mujer, ya que me sentí ofendida en mi valor de persona e incómoda”.
Los responsables fueron objeto también de una investigación a cargo de la Unidad de delitos contra la mujer de la Fiscalía General del Estado, en la carpeta de investigación FGE-QR-BJ-05-10959-2019, por hechos constitutivos del presunto delito de Violencia Política por Motivos de Género.
Otro caso de violencia política contra mujeres en razón de género ocurrió en agravio de la también actual diputada local con licencia, Roxana Lili Campos Miranda, quien responsabilizó a Carlos Antonio Mimenza Novelo por la difusión sistemática y reiterada de mensajes y videos en su portal de internet y la red social Facebook.
Fueron mensajes que lesionaron y dañaron su dignidad en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, principalmente cuando participó como candidata por el distrito electoral X, con cabecera en Playa del Carmen.
Durante el proceso, la afectada pidió que se dictaran medidas cautelares para que fuera retirado el material de difusión y se ordenara al responsable no realizar más expresiones similares en un futuro.
En uno de los videos impugnados, el responsable advirtió que “yo voy a ser el próximo presidente de Solidaridad, punto y se acabó, yo he financiado, yo he puesto, yo he ayudado, yo he operado para poner presidentes municipales… Lili Campos, ¡¡Por Dios!!, bueno, persona totalmente incapacitada, no han administrado un puesto de tacos en su vida y quieren venir a manejar un ayuntamiento…”. Así como ese, hubo otros más donde denostó la labor legislativa de la afectada.
El empresario enfrenta desde prisión un juicio por extorsión denunciado por otra víctima ante la Fiscalía General de Quintana Roo, lo que motivó su aprehensión cuando pretendía abordar un vuelo en Mérida con destino a Ciudad de México, el pasado 19 de noviembre.
De acuerdo a la queja ante el IEQROO número IEQROO/PESVPG/002/2020 que derivó en una sentencia del procedimiento especial sancionador PES/001/2021, el Tribunal Electoral de Quintana Roo comprobó la infracción, ordenó una multa económica y la inscripción del responsable en el Registro Estatal y Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Contra de las Mujeres en Razón de Género.
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