- La Auditoría Superior de la Federación no ha presentado denuncia penal, pese a las irregularidades detectadas en la revisión practicada al gasto de la 63 Legislatura (2015-2018) de la Cámara de Diputados.
ROLANDO HERRERA / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a las irregularidades detectadas en la revisión practicada al gasto de la 63 Legislatura (2015-2018) de la Cámara de Diputados, que provocaron un daño a la hacienda pública de 176.4 millones de pesos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no ha presentado denuncia penal.
La auditoría DN18008, hecha pública en febrero de 2020, se originó por una solicitud que presentó el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política de la 64 Legislatura, el morenista Mario Delgado, con la supuesta intención de esclarecer los opacos manejos financieros de la Legislatura predecesora.
La afectación económica más grande fue el pago de 160.1 millones de pesos a 260 prestadores de servicios “freelance” sin contar con evidencia documental de las actividades o trabajos realizados por ellos.
“Dentro de dicho monto concurren las irregularidades siguientes: de 39 prestadores de servicios ‘freelance’ que fueron visitados y a los que se les cubrieron pagos por 53,690,659.24 pesos (cincuenta y tres millones seiscientos noventa mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 24/100 M.N.), únicamente 15 fueron localizados, sin embargo, éstos no pudieron acreditar que prestaron sus servicios a la Cámara de Diputados, 21 no fueron localizados en su domicilio fiscal, y de los 3 restantes su domicilio fiscal es inexistente”, indicó la ASF.
“101 prestadores de servicios ‘freelance’ a los que se les cubrieron pagos por 56,189,578.25 pesos (cincuenta y seis millones ciento ochenta y nueve mil quinientos setenta y ocho pesos 25/100 M.N.), de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, se encontraban al servicio de un patrón diferente de la Cámara de Diputados”.
En el caso de otros 14 freelance, añadió, una vez que recibieron los pagos por parte de la Cámara de Diputados, éstos efectuaron transferencias y depósitos por 13.2 millones de pesos a la cuenta bancaria de la empresa denominada Solution Bro Wor S.A. de C.V., que a su vez expidió 582 cheques por un importe de 29.4 millones de pesos que fueron cobrados por 19 personas que prestaron sus servicios a la Cámara de Diputados.
Otra de las irregularidades detectadas fue la contratación por 5.1 millones de pesos de una asociación civil cuyo representante legal era el entonces diputado del Partido Verde por el Distrito 9 de Tuxtla Gutiérrez, Emilio Salazar, sin que se tenga evidencia que se entregaron los servicios solicitados.
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