- El saldo más cuantioso lo reclama el SAT, por mil 397 millones 902 mil 865 pesos, que el municipio intentó combatir.
MARCO ANTONIO BARRERA
CHETUMAL, Q. ROO.- Enfrascado en un par de litigios donde se cerraron las posibilidades de obtener medidas cautelares, el Municipio de Othón P. Blanco tendrá que pagar más de mil 400 millones de pesos por incumplimientos fiscales.
Las deudas están reconocidas en el ‘Informe Sobre de Pasivos Contingentes’ que al cierre de 2021 mantienen contra la pared a la alcaldesa Yensunni Martínez Hernández.
El saldo más cuantioso lo reclama el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por mil 397 millones 902 mil 865 pesos, cuya ejecución se intentó combatir mediante el Juicio de Nulidad 14215/21-17-09-8 radicado en la Novena Sala Regional Metropolitana con sede en la Ciudad de México.
El procedimiento formó parte de un recurso legal de reclamación interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, sólo que el fallo validó la sanción en los mismos términos el 19 de abril pasado.
En la disputa legal prosiguió un juicio de amparo indirecto en el Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Quintana Roo, bajo el expediente 29883764, que al desecharse sepultó la pretensión de eludir el pago, el 10 de mayo pasado.
En este mismo caso, el Municipio de Othón P. Blanco renunció a un recurso de queja que la ley contempla para impugnar ese tipo de resoluciones, por lo que el caso se concluyó y se ordenó su archivo.
Un segundo proceso administrativo se integró en el expediente 5-49-00-04-01-2019-006657 radicado en la Sala Regional del Caribe del TSJA, en el cual se solicitó la protección legal por la falta de pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 20 millones 429 mil 750.09 pesos.
El caso se elevó a la justicia federal a través del juicio 28552232 radicado en el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, donde las autoridades municipales impugnaron la sentencia administrativa 863/19-20-01-8 del 13 de mayo de 2021.
En el juicio de amparo, la suplente de Síndico Municipal utilizó cuatro argumentos de defensa, pero fueron desechados por la magistrada Patricia Elia Cerros Domínguez.
El primero fue que la autoridad fiscal no fundamentó ni motivó la sanción, pero para la juzgadora los argumentos del Municipio partieron de una premisa falsa, fueron inoperantes y se usaron ‘manifestaciones sin sustento’.
La autoridad municipal sostuvo también que el procedimiento se ejecutó cuando había prescrito y sin cumplir las formalidades, pero del análisis judicial se constató que se hicieron tres notificaciones dentro del plazo.
A la Administración Desconcentrada Fiscal de Quintana Roo ‘2’ del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se le acusó también de carecer de facultades en materia de territorio, pero se determinó que puede ejercer sus atribuciones en todo el territorio nacional.
Otro reclamo se basó en una presunta omisión de exponer los métodos de cálculo para el crédito fiscal, ‘sin precisar conceptos, cantidades, operaciones aritméticas y valores sin fundamento u origen alguno’, aunque cuando se integró la sanción se incluyeron los adeudos del ISR, actualizaciones, recargos y multas.
La resolución judicial sepultó el pretendido amparo municipal el pasado 27 de mayo.
MÁS PASIVOS
En el mismo ‘Informe Sobre Pasivos Contingentes’ se reconoce la existencia de otras dos deudas municipales.
Una tiene que ver con el expediente 500-49-00-05-02-202-0003912 que se pelea legalmente en el Juzgado Primero de Distrito, del cual se intenta combatir una sanción económica por tres millones seis mil 265 pesos.
El restante está relacionado con el expediente PFPA/29.2/2C.27.1/0003116, por una multa de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con una sanción de 98 mil 582 pesos.
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