- Se rechaza supender la clausura a pesar de 7 solicitudes de amparo ante la justicia federal, se afianza opción de revocar permiso.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Ni con siete solicitudes de amparo, la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica) ha podido revertir legalmente la clausura impuesta por el gobierno de México ante la catástrofe ecológica provocada por la extracción de materiales pétreos en Quintana Roo.
A la disputa jurídica de la moral subsidiaria de la minera estadounidense Vulcan Materials Company se sumó también Rancho Piedra Caliza, S.R.L. de C.V. que opera en Solidaridad, a la que también frenaron sus actividades desde mayo pasado.
La moral tiene como parte de su objeto social, el comercializar de cualquier manera con negocios que produzcan roca o productos de roca para ser usados como materiales de construcción u ornato, pero también para su producción y venta.
De acuerdo a la constitución de sociedad con Folio Mercantil Electrónico 3730 del Registro Público de Comercio de Playa del Carmen en Quintana Roo, la creación de la citada compañía se dio el 28 de noviembre de 1983. Los accionistas originales fueron Cecilia Montoya, Eritrea Méndez y Santiago Gastelum.
Para 2006, la moral tenía como propietarios a cinco empresas: Asesoría Técnica y Gestión Administrativa, S.A. de C.V.; Industrias ICA Sociedad de Fomento, S.A. de C.V.; Grupo ICA S.A. de C.V.; Administración Técnica de Personal y Servicios del Parque S.A. de C.V, y Calizas Industriales del Carmen S.A. de C.V., esta última con presencia accionaria de Vulcan International Holding APS y Vulcan Gulf Coast Materials, Inc. desde 2001.
La batalla legal emprendida por Rancho Piedra Caliza tiene que ver con la clausura decretada en sus instalaciones de Playa del Carmen el pasado 2 de mayo, la cual pretende combatir con el amparo 30068643 del Juzgado Noveno de Distrito con sede en la entidad.
El reclamo busca revertir la suspensión, cancelación, revocación y/o rescate del título de concesión DGZF-079/18 emitido en el expediente 628/QROO/2017 del 27 de febrero de 2018.
Pero igual que a Calica le fue negada la suspensión provisional (18 mayo) por el incumplimiento de requisitos impuestos en la cuarta modificación del título-concesión para la operación de una terminal portuaria de altura de uso particular, para la carga, almacenamiento y distribución de materiales pétreos localizada a la altura del kilómetro 282+600 de la carretera Chetumal-Cancún, dentro del recinto portuario de Punta Venado, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 2015.
La facultad del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para revocar el permiso se contempla en la cláusula vigésimo primera del mismo documento que enlista 18 causas previstas, entre ellas no mantener vigentes los permisos, licencias y autorizaciones requeridas para su operación e incumplir disposiciones en materia ecológica.
Otro argumento resuelto jurídicamente tiene que ver con la facultad del primer mandatario de crear sobre la zona impactada una reserva natural, como se ha propuesto.
El Presidente López Obrador ha insistido en que el material obtenido por la empresa extranjera se utilizó para construir carreteras en Estados Unidos pero sin contar con todos los permisos, lo que además afectó cenotes y ríos submarinos.
MÁS AMPAROS
A la empresa Calica se le han negado diversas medidas cautelares provisionales ante la clausura y/o revocación de permisos de utilización de una zona federal marítima, y diversas concesiones para el aprovechamiento de Zona Federal Marítimo Terrestre, donde opera la terminal portuaria.
La falta de protección judicial le ha impedido liberar sus instalaciones de ‘Punta Venado’ donde se almacenan, manejan y distribuyen materiales pétreos, según el amparo 30030599 del Juzgado Noveno de Distrito.
Otros litigios relacionados son los números 30066426 y 29988263 radicados en los juzgados Noveno y Séptimo de Distrito de Quintana Roo.
La misma moral impugnó la orden de inspección PFPA/4.1/2C.27.5/024/2022 del pasado 29 de abril, en la cual se impuso la clausura temporal total de las obras y de las actividades de aprovechamiento de roca caliza y en materia forestal bajo la orden de inspección OC0158RN2022, en el predio denominado ‘La Rosita’ también en Solidaridad.
Calica tampoco ha podido conseguir medidas cautelares contra la clausura, suspensión, cancelación y/o revocación del título concesión DZF-292/92 emitido en marzo de 1992, prorrogado el 26 de octubre de 2016 con la resolución 1331/16.
Otros amparos activos permanecen en el Juzgado Séptimo de Distrito (29988263 y 30027970), en los que la misma empresa trata de combatir sin éxito la orden de clausura del proyecto ‘Aprovechamiento de roca caliza por debajo del manto freático’ en los predios ‘El Corchalito’ y ‘La Adelita’ en Solidaridad.
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