- La ONRE ampliará su demanda ahora en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por la ejecución de los proyectos del Tren Maya.
DALILA ESCOBAR
CIUDAD DE MÉXICO.- La Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE) ampliará su demanda ahora en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por la ejecución de los proyectos del Tren Maya que, en caso de proceder, tendría que reparar el daño con las empresas involucradas y que podría alcanzar los 20 mil millones de dólares, según el abogado Alberto Guerrero.
La Sedena tomó el control de los Tramos 6 y 7 de la obra ferroviaria luego de que empresas se retiraran del proyecto, también con la encomienda de que se concluya en diciembre de 2023; además de que por ser declarado como un proyecto de seguridad nacional, el control es de la milicia.
En mayo la demanda fue admitida contra cinco empresas: Grupo México S.A. de C.V.; México Proyectos y Desarrollos S.A. de C.V.; ICA Constructora S.A. de C.V.; ICA Constructora de Infraestructura S.A. de C.V.; y Acciona Infraestructuras México, S.A. de C.V., a las que 47 demandantes las acusan de ecocidio y pedían la suspensión total y definitiva de todos los tramos de la obra, principalmente porque no contaban con permisos de impacto ambiental.
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“La ley del Código Federal de Procedimientos Civiles nos autoriza a demandar también a entes públicos, esta demanda reparatoria no es únicamente para lo que ocurra con entes privados, y estamos ampliando la demanda ahora en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional por la ejecución de estos proyectos sin permisos de impacto ambiental, y ahí está la clave, no podemos seguir ejecutando y afectando un sistema ecológico tan importante sin un estudio de impacto ambiental serio”, recalcó Guerrero.
Además de los daños, el abogado considera elementos de riesgo como la calidad del tipo de suelo de cada región donde pasará el Tren Maya que podría no soportar el peso constante de esta obra en función.
En torno a las empresas que dejaron el proyecto la deuda de la reparación continúa, porque “es igual como ir afectando algo y de repente te levantas y te vas, pero es decirles hasta este kilómetro te quedaste y se afectó, entonces hasta aquí tiene que pagar”.
Agregó que, aunque pasen varios años, los demandados deberán pagar, “el juez no va a poder hacerse para otro lado porque la ley dice que, si hay un incumplimiento y una ley de orden público, de interés social como es la ecológica tiene que existir la reparación integral del daño, no tiene salida y al principio el juez les dio permiso de no tener permisos”.
Expuso que hay incertidumbre sobre lo que venga con otros sexenios y cuánto tiempo tardará la resolución de la demanda, “pero de que tienen que pagar van a pagar, y la lógica de la sentencia es esa: se pararon de la mesa a buen tiempo y seguro dijeron ‘yo creo que ya hasta aquí porque se nos va a ir subiendo la cuentita’”.
El abogado considera que ha sido correcta la actuación del poder judicial, específicamente del juzgado de distrito en materia civil porque una de las empresas demandadas, Grupo México, “no quería notificar y se escondía, y ponía su seguridad a la entrada de su edificio y decían ‘aquí no entran’.
“Y el juez ordenó que se le notificara con auxilio de la fuerza pública. Fuimos con policías al edificio en Polanco y no pusieron resistencia porque había medios y se iba a hacer un escándalo tremendo”.
El abogado declaró que después de las demandas de las organizaciones civiles a las que representa, así como a los ambientalistas, todos han recibido amenazas, o situaciones como esquemas de revisión fiscal, y “una represión” que, indica, ha sido muy clara.
Explicó que la demanda que promueve se debe a los esquemas de tratados internacionales que obliga al Estado Mexicano a incorporar acciones colectivas, es decir, cuando un acto de gobierno o un particular genera afectaciones a más de 30 personas tienen derecho de demandar a través de una asociación civil autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal.
“Si bien no es la afectación que tiene que ver con el derecho humano al medio ambiente, esta demanda tiene que ver directamente con lo económico, es decir, tú cometiste un avance en la construcción y no tenías permiso de impacto ambiental y ese es un hecho porque ya todos los que nos han contestado, de los demandados, no han aportado lo que les pedimos que fue justificar su actuación, si vas manejando sin una licencia pues evidentemente ya de origen estás cometiendo un acto ilícito, ilegal, más si estás afectando la selva, la naturaleza”, añadió.
Una de las principales justificaciones para la demanda es que antes de iniciar la obra no se contó con las manifestaciones de impacto ambiental “y eso genera que todos los involucrados en este evento tengan que pagar, y no hay otra cosa que le moleste más a un particular —y más a un millonario— que le den en la cartera
“Cuando llega la demanda que interpusimos, que es ya por dinero, deciden cancelar y dicen ‘sabes qué, ya no quiero’, se levanta de la mesa Grupo México, con Larrea y otra más”, señaló.
Enseguida el presidente dio la responsabilidad de la obra a la Sedena “y vamos a ser bastante claros, la Secretaría de la Defensa no es constructor, no es obrero, tiene una excelente escuela de ingeniería, pero lo que ellos hacen es subcontratar al personal porque ellos no van a estar picando piedra, por eso contratan a gente para que lo haga”, sin embargo, la demanda va en contra del responsable, que en este caso es Sedena, además de todas las empresas que participan en el proyecto del Tren Maya.
