Por KUKULKÁN
POR FIN alguien, una mujer, se puso los pantalones y alzó la voz para poner un freno a los fraudes que se cometen a través de portales y medios electrónicos, que ofertan paquetes turísticos falsos. Desde la máxima tribuna legislativa, la diputada federal Anahí González sometió a votación del Pleno un punto de acuerdo por el que se insta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que, en coordinación con la Secretaría de Turismo Federal y las secretarías estatales de turismo de las 32 entidades federativas, se implementen medidas que prevengan el aumento de fraudes en los diferentes sitios web y redes sociales y, se genere una estrategia nacional que tome como ejemplo la campaña denominada “verifica y viaja”, impulsada por la Secretaría del Turismo de Quintana Roo.
EL EXHORTO de la diputada quintanarroense se hace extensivo a la Guardia Cibernética de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional para que, en coordinación con las 43 Unidades de Policía Cibernética, que se articulan en el Sistema Nacional de Seguridad Pública en las 32 entidades federativas, se reactiven las acciones de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo en la red pública de internet sobre sitios web relacionadas con agencias de viaje fraudulentas, a fin de desalentar la venta de paquetes turísticos apócrifos a través de los distintos medios de comercio electrónico.
LA DIPUTADA argumentó que la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes, recibe cientos de quejas por fraude cibernético cada hora, de las cuales al menos 20 por ciento corresponden a paquetes vacacionales en el Caribe Mexicano, los fraudes van de los 7 mil a los 70 mil pesos, las empresas apócrifas mueven esos recursos mediante transferencias bancarias afectando la reputación de grandes compañías en el medio.
ESTA problemática, concluyó la legisladora, obliga a ‘mejorar la respuesta del gobierno para informar a la población en general cuando se detecten las actividades fraudulentas, es importante que las autoridades generen mecanismos de identificación, seguimiento y cierre de páginas de los defraudadores que ponen en riesgo la imagen y el negocio turístico de nuestro país’.
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DE NADA sirve que la presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos Miranda haga esfuerzos invaluables por recobrar la confianza ciudadana en las autoridades —que inclusive le han llevado a encabezar encuestas en popularidad de alcaldes a nivel nacional—, cuando a su alrededor tiene operando funcionarios que opacan el brillo de sus estrellas y, peor aún, le ahuyentan a su gobierno inversiones al destino por las políticas dilatorias que imperan en la tramitología de proyectos de construcción y apertura de negocios.
LOS RECLAMOS de afectados por esta situación han trascendido la frontera estatal y llegado a los escritorios tanto de diputados federales como de senadores para que detengan lo que se presume es una red de corrupción encabezada por la titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, Rocío Beltrán Sánchez que ha convertido la dependencia en un voraz mercado de permisos y autorizaciones para el desarrollo de proyectos inmobiliarios y comerciales en Playa del Carmen.
LO ÚNICO que ha ganado Beltrán Sánchez con todo eso, es arriesgar que las inversiones foráneas se lleven su dinero a otro lado donde esté más seguro, con el desprestigio internacional que ello implica. La presidenta no se merece ni necesita ese tipo de funcionarios cuando gobierna el municipio más próspero de la Riviera Maya, cuya cabecera es Playa del Carmen, y los números de su popularidad van en aumento por su buen desempeño, luego del caos financiero y administrativo que heredó de su antecesora, Laura Beristain Navarrete, bajo proceso penal por delitos cometidos durante su mandato.
LA ACTUAL alcaldesa no es igual que Beristain Navarrete y seguro que apretará las tuercas es esa dependencia municipal encargada de otorgar licencias de construcción en sus diferentes modalidades (obra nueva, regularización, remodelación, demolición, prórroga, ampliación y/o modificación), además de permisos, anuencias, constancias y certificaciones relacionados con desarrollos inmobiliarios y comerciales. Pura tentación para la corrupción.
