- Filiberto Martínez Méndez (de pie), goza de una protección legal provisional contra la Fiscalía General del Estado (FGE).
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Con el pago de una garantía económica de 68 mil pesos, el expresidente municipal de Solidaridad, Filiberto Martínez Méndez, goza de una protección legal provisional contra la Fiscalía General del Estado (FGE).
La acusación contra el también exdiputado local del Partido Revolucionario Institucional en la XIV Legislatura estatal (2013-2016) provendría de la Contraloría General del Estado.
El juicio de garantías 34678277 se mantiene radicado en el Juzgado Noveno de Distrito con residencia en Cancún, desde el 16 de febrero pasado.
La solicitud de medidas cautelares fue contra órdenes de aprehensión, detención, arraigo, localización y/o presentación, pero igual contra un aseguramiento, cateo, apropiación violenta, lanzamiento, privación, retención y/o cualquier acto contra su posesión y derechos de propiedad o la confiscación de inmuebles.
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Sobre la posible detención se le negó la suspensión de plano al tratarse de actos “futuros e inciertos”, que no pudieran ejecutarse de una manera inminente.
Para el juez, ese tipo de eventos no podrían combatirse porque el solicitante “se encuentra en libertad y no se han ejecutado ninguna de las órdenes reclamadas”.
Pero al dictarse la suspensión provisional se le concedieron medidas cautelares favorables a su libertad personal, mismas que se condicionaron al pago de una garantía económica de 68 mil pesos.
El monto citado se fijó “dada la posibilidad de que la parte quejosa se sustraiga a la acción de la justicia”.
La protección legal es contra una orden de citación o comparecencia, para que las cosas queden en el mismo estado en que se mantienen hasta que se resuelva la suspensión definitiva, según una resolución del 16 de febrero pasado.
“Para que la parte quejosa quede a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal se refiere y a disposición de la autoridad judicial que lo reclama únicamente respecto a la continuación de la autoridad judicial que lo reclama”.
La medida cautelar está vigente desde el 27 de febrero, fecha en la cual presentó el billete de depósito original pues antes exhibió en fotocopia que le fue rechazada.
El fallo protector señala que tampoco puede ser presentado ante las autoridades con el uso de la fuerza pública ni que sea privado de su libertad, aunque quedó a disposición del juzgado federal.
Se aclaró que la medida legal no constituye un obstáculo para que las autoridades investigadoras sigan con su investigación y la vigilancia que consideren pertinente.
La misma resolución lo protege de comparecer a las diligencias en la carpeta de investigación y, por ende, “no sea restringida momentáneamente su libertad”.
Y se le impide también una posible orden de arraigo si el delito que se le imputa no amerita prisión preventiva oficiosa, aunque de ser así quedará su libertad personal a disposición del juzgado federal y a disposición de la autoridad competente para continuar el procedimiento correspondiente.
Respecto a la confiscación de bienes, se le concedió la protección para que esos actos “cesen de inmediato”, pero después se le negó al no exhibir pruebas de algún bien patrimonial sobre el cual se pudiera ejecutar la medida legal.
De concederse se lesionaría el interés público y se contravendrían disposiciones de orden público, “ya que podría obstaculizarse la investigación de un delito”.
Como parte del caso, el juzgador federal mantiene comunicación con el director general de la Policía de Investigación del estado de Quintana Roo, la Dirección General de Bienes Asegurados y Extinción de Dominio, y el Coordinador de Extinción de Dominio.
Igualmente, con el agente de la Policía de Investigación encargado de la plaza en Playa del Carmen, la Coordinación de Investigación de Investigación Centro, el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México y el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos.
