- Hasta septiembre asumirá control del Tren Maya la empresa del Ejército.
STAFF / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador extendió la fecha de entrega del Tren Maya a una empresa paraestatal militar hasta el 12 de septiembre, y aclaró que las zonas arqueológicas y sus centros de atención a visitantes quedarán bajo control del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
El Ejecutivo derogó el decreto del 31 de agosto de 2023, en el que había fijado el 31 de diciembre de ese año como límite para la transferencia del proyecto por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) hacia la empresa del Ejército, denominada Tren Maya S.A.
El nuevo decreto no sólo cambia las fechas. Ahora son cuatro dependencias y paraestatales distintas las que quedan como titulares de los bienes y asignaciones relacionados con la magna obra del gobierno federal.
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Los militares tendrán la asignación y operación del Tren y los seis hoteles que están en construcción en varios puntos del recorrido, pero estos últimos bajo control de GAFSACOMM, una paraestatal distinta a Tren Maya S.A., que también opera 12 aeropuertos.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) es la titular de todos los inmuebles expropiados para la vía de comunicación, pues se trata de bienes nacionales.
Y el INAH se queda con el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas y los centros de atención a visitantes. El decreto de 2023 no mencionaba este tema.
Si bien los militares han intervenido en el Tren Maya por lo menos desde enero de 2022, el Presupuesto de Egresos de 2024 es el primero en que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recibe dinero para el proyecto.
Dichos fondos incluyen 120 mil millones de pesos para terminar la obra y 5 mil 674 millones de subsidio para Tren Maya S.A, y lo que reciba un fideicomiso que concentra el pago de turistas extranjeros por ingresar al país, que en enero ya tenía más de 8 mil millones de pesos.
El nuevo decreto, sin embargo, deja a Fonatur a cargo de múltiples pendientes, entre ellos, litigar decenas de amparos contra el proyecto, atender observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, e incluso la obra misma y los pagos respectivos.
