- Paul Andrew Rangel Merkley, director de Aguakan, tramitó un amparo contra una posible orden de aprehensión.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- El director general de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún —mejor conocida como Aguakan—, Paul Andrew Rangel Merkley, goza de una endeble protección judicial contra una eventual orden de aprehensión.
La protección provisional fue otorgada de manera condicionada al pago de una garantía económica de 20 mil pesos, el 20 de marzo pasado.
El directivo responsable del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento en cuatro municipios de Quintana Roo, tramitó la medida cautelar contra un Juez de Control adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, el 19 de marzo.
El amparo que se mantiene activo en el Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Cancún, bajo el número de expediente 35001373, es contra actos de tipo penal relacionados con delitos federales.
El caso tiene que ver con el litigio legal relacionado por la emisión del Decreto 195 del Poder Legislativo estatal que finiquitó la ampliación de la concesión, el 22 de diciembre del año pasado.
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El documento emitido por la XVII Legislatura abrogó el Decreto 250 expedido por la XIV Legislatura estatal mediante el cual prorrogó anticipadamente el vencimiento de la concesión proyectada para finales del año pasado, pero cuya vigencia se extendió hasta 2053.
Por estos hechos, la compañía interpuso un juicio de garantías radicado en el Juzgado Octavo de Distrito, para tratar de impedir la revocación del servicio, y del cual goza de una suspensión definitiva.
La secretaria de Gobierno estatal, Cristina Torres, había anunciado que se investigaba a juicio de los abogados del gobierno estatal y de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), elementos para sostener que la concesionaria habría incurrido en un supuesto fraude procesal.
Sobre estos hechos se habría presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República por engañar al juez que conoce el amparo para intentar mantener el control de la concesión.
Cuando el diputado —hoy con licencia— Humberto Aldana fungía como presidente de la Comisión transitoria especial y de investigación para el seguimiento y atención de los temas referentes a las concesiones otorgadas a la compañía Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. “Aguakan”, detalló a Luces del Siglo las irregularidades que se tenían detectadas, en enero pasado.
“Les ha mentido a los inversionistas, a la población, al juzgado, no han dicho la verdad de lo que ocurre con ellos, porque le han omitido a todos que están prestando el servicio con base en unas cláusulas que fueron modificadas en 2014, y que nunca tuvo a la vista la XIV Legislatura”.
La ampliación anticipada del vencimiento de la concesión en 2014, “no mostró todo lo que debía de haber mostrado, y hay dos cláusulas en particular en donde se le miente a la gente, en donde se les miente a los legisladores”.
Igualmente expresó que la compañía tampoco invirtió lo que dice, porque “han faltado varios miles de millones de pesos que debió realizar Aguakan y que no llevó a cabo y, de hecho, en los últimos cinco años hay una diferencia como de 5 mil millones de pesos que no están invertidos”.
Otro tema delicado, mencionó, fue que hay sospecha de un probable desvío de alrededor de mil 050 millones de pesos, que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa) de Quintana Roo envío a cuentas estatales y que ahí desaparecieron.
“No sabemos dónde se encuentran y se están realizando las investigaciones respectivas para encontrar cuál es el destino de esos recursos. Hay muchas cosas que están siendo ocultadas por Aguakan”.
Otro reproche consiste en los informes de datos que la moral debió presentar al estado y que no se aplicaron, de los cuales se deben de rendir cuentas del manejo y operación del servicio para comprobar gastos e inversiones.
La permanencia del título-concesión se mantiene a favor de la empresa pese a las quejas de la ciudadanía por la falta de abastecimiento de agua potable y cobros excesivos no justificados, mientras que la compañía evade su responsabilidad en la deficiencia del servicio.
El malestar de los quintanarroenses fue expresado en una consulta ciudadana que resultó vinculatoria en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, en junio de 2022.
Como parte del amparo promovido por el directivo, se interpuso un recurso de queja contra la suspensión provisional que fue admitido bajo el caso 35064389 del Tercer Tribunal Colegiado con residencia en Cancún, el 25 de marzo pasado.
