- Jueces y magistrados involucrados en estos actos de injusticia para ejidatarios y trabajadores del campo, reconoce ministra Lenia Batres.
FELIPE VILLA
CHAPINGO, EDOMEX.- La lucha por la justicia agraria en México se mantiene vigente y, en palabras de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, la defensa del artículo 27 constitucional no sólo es un deber legal, sino un acto de convicción en pro de los derechos de los ejidatarios y los trabajadores del campo.
El auditorio Álvaro Carrillo de la Universidad Autónoma de Chapingo fue el escenario en el que la ministra Batres expresó su preocupación por los persistentes conflictos agrarios que afectan al país. Ante una audiencia compuesta por estudiantes y académicos, afirmó que los casos de fraude, despojo y contratos irregulares en contra de los ejidatarios son recurrentes en los tribunales.
“Vemos constantemente invasiones, robos y contratos validados sin que hayan pasado por las asambleas ejidales, como lo estipula la ley. Incluso se están enajenando tierras comunales que no pueden venderse legalmente”, subrayó. La ministra recalcó que este tipo de irregularidades no solo afectan la propiedad social, sino también la estabilidad y cohesión de las comunidades rurales.
MAGNITUD DEL PROBLEMA
Según el Programa Estratégico del Registro Agrario Nacional 2021-2024, existen más de 500 conflictos agrarios en México, de los cuales el 80% son considerados de “gran relevancia” por su impacto social y medioambiental. Además, los Tribunales Unitarios Agrarios emitieron 25,000 sentencias relacionadas con la seguridad jurídica de la tierra entre enero y agosto de 2021, reflejando la magnitud de la problemática.
Un análisis del Diagnóstico sobre la Justicia Agraria de 2021 destaca que las controversias más comunes incluyen sucesiones (30% de los casos) y conflictos internos (23%). Sin embargo, la ministra Batres enfatizó que estas cifras no solo son números: detrás de cada juicio hay comunidades que enfrentan despojos, fraudes y exclusión en un sistema que, en ocasiones, no protege adecuadamente sus derechos.
RESPUESTA DESDE LA JUSTICIA
Durante su intervención, la ministra destacó que la Ley de Amparo establece la obligación de las personas juzgadoras de suplir las deficiencias en las demandas agrarias, lo que debería traducirse en una defensa activa de los ejidatarios frente a contratos de enajenación de tierras con irregularidades. Sin embargo, denunció que muchos casos son desechados por fallas procesales, lo que beneficia a quienes se enriquecen a costa de la propiedad social.
Como parte de los avances en materia judicial, Batres celebró la futura creación del Tribunal de Disciplina Judicial, una instancia que permitirá denunciar negligencias en el tratamiento de casos agrarios y combatir la corrupción que, en ocasiones, permea los procesos legales.
Los conflictos agrarios en México tienen raíces profundas, vinculadas a la histórica lucha por la tierra que marcó el movimiento revolucionario y dio origen al artículo 27 constitucional. No obstante, la lucha persiste: las invasiones, los fraudes y las irregularidades en los contratos de propiedad son problemas cotidianos en el campo mexicano.
En los tribunales, los procedimientos más frecuentes incluyen acciones reivindicatorias, nulidades y deslindes, reflejando la necesidad de proteger la propiedad social frente a intereses externos. Estas acciones legales son clave para salvaguardar los derechos de los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios.
LLAMADO A LA ACCIÓN
El conversatorio en Chapingo, moderado por los doctores Magdalena Sánchez Astello y Moisés Zurita Zafra, dejó claro que la justicia agraria enfrenta grandes desafíos, pero también grandes oportunidades. “El artículo 27 no es solo un texto legal; es el pilar que sostiene la propiedad social en México”, concluyó Batres, instando a las nuevas generaciones a defenderlo con firmeza. Con más de 53,000 asuntos agrarios atendidos en 2023, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal, queda evidente que la solución a los conflictos agrarios no solo requiere de leyes claras, sino también de juzgadores comprometidos con la justicia social y la protección del campo mexicano.
