- Autoridades de la Conagua y la Semarnat instalaron una mesa de trabajo para evaluar posibles daños ambientales en la Laguna de los Siete Colores.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- La posible afectación ambiental en la Laguna de los Siete Colores por la construcción de un edificio de la Secretaría de Marina obligó a autoridades ambientales federales a convocar a la instalación de una mesa de trabajo para evaluar los daños, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El inmueble, que está siendo construido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la Secretaría de Marina (Semar), se localiza en la zona costera de Bacalar, junto al Fuerte, sin que hasta ahora se haya realizado una consulta ciudadana ni se haya confirmado públicamente que cuente con los permisos ambientales necesarios.
Las evidencias públicas sobre el uso de maquinaria pesada en las orillas de este ecosistema lagunar han encendido las alertas entre activistas, prestadores de servicios turísticos y asociaciones civiles, quienes acusan que la obra constituye un ecocidio y pone en riesgo el principal atractivo natural del Pueblo Mágico.
Ante esta situación, la directora local de Conagua, Erika Ramírez Méndez, advirtió que se aplicarán “sanciones severas” en caso de confirmarse que las actividades constructivas estén vulnerando el equilibrio ecológico de la laguna. “Independientemente de que se trate de la Sedena u otra autoridad, se aplicarán las sanciones correspondientes en caso de encontrarse alguna situación que vulnere la ley”, sostuvo.
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Ramírez Méndez reconoció que hasta el momento no se ha realizado una inspección formal ni se cuenta con información detallada del proyecto. No obstante, aseguró que se actuará con responsabilidad ambiental. “Se hará lo necesario para fijar una postura congruente con la necesidad de preservar este importante ecosistema”, señaló.
En coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se acordó instalar una mesa de trabajo para analizar el caso, atender las denuncias públicas y, en su caso, determinar las responsabilidades legales que correspondan.
Desde hace semanas, un grupo de ciudadanos mantiene una protesta permanente en el predio conocido como la “base de los marinos”, ubicado sobre la avenida Costera de Bacalar. La obra ha generado molestia entre los pobladores, no solo por la posible alteración del sistema lagunar, sino también porque bloquea la vista panorámica entre la laguna y el histórico Fuerte de Bacalar.
Los inconformes exigen que se aclare si el proyecto cuenta con una Evaluación de Impacto Ambiental y demandan la suspensión inmediata de los trabajos hasta que se confirme la legalidad del proceso.
Cabe recordar que en 2020, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto que prohibía la privatización de playas, lo que generó expectativas entre los habitantes de que el terreno sería devuelto al uso comunitario. Sin embargo, con el avance de la obra, denuncian que se está consolidando un proyecto exclusivo para uso militar, contrario a los compromisos asumidos anteriormente por el Ejecutivo federal.
El caso ha despertado la atención nacional debido al simbolismo turístico y ambiental de la Laguna de los Siete Colores, una de las joyas naturales de Quintana Roo. Ambientalistas y organizaciones sociales exigen transparencia, legalidad y respeto al medio ambiente, mientras las autoridades federales enfrentan el reto de investigar y resolver con apego a la ley una situación que ha puesto en entredicho el manejo del patrimonio natural del estado.
