- La posibilidad de que ciudadanos obtengan permisos para portar armas, bajo el argumento de defensa personal, podría representar un riesgo considerable para la seguridad en Quintana Roo, advirtió Ricardo Velazco Rodríguez.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CHETUMAL, Q. ROO.- La posibilidad de que ciudadanos obtengan permisos para portar armas, bajo el argumento de defensa personal, podría representar un riesgo considerable para la seguridad en Quintana Roo, advirtió Ricardo Velazco Rodríguez.
El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana indicó que esta advertencia surge en el contexto de la discusión en el Senado sobre las reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Reconoció que existe una percepción creciente de vulnerabilidad entre la ciudadanía, lo que podría justificar medidas para reforzar la seguridad personal.
Sin embargo, subrayó que permitir la portación de armas podría tener consecuencias contraproducentes, al facilitar el acceso a armamento en una entidad que ya enfrenta altos índices delictivos.
El legislador expresó su preocupación por un eventual incremento en la comisión de delitos con armas de fuego, derivado de la implementación de estas reformas, ya aprobadas en la Cámara de Diputados y avaladas en comisiones.
Actualmente, el dictamen está en espera de ser votado en el pleno del Senado.
Quintana Roo, dijo Velazco Rodríguez, enfrenta una realidad compleja en materia de seguridad, lo que alimenta la percepción de necesidad de mecanismos adicionales de protección.
No obstante, enfatizó que es indispensable esperar a que las reformas sean avaladas por el Senado antes de considerar su aplicación a nivel estatal, incluyendo esta entidad.
Según explicó el diputado, la intención de la reforma es reforzar el control del Estado sobre todas las actividades relacionadas con armas, explosivos, pirotecnia y sustancias químicas, además de modernizar la clasificación de armamento y precisar las condiciones para su posesión y portación.
Asimismo, se contempla una reestructuración de las atribuciones de las autoridades competentes y el establecimiento de campañas permanentes de desarme y cultura de paz, con responsabilidades asignadas a los tres niveles de gobierno.
