Niegan ser indolentes ante casos de personas desaparecidas

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  • En una reunión de trabajo con colectivos de buscadoras y activistas, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que tampoco puede serlo ante el dolor de los familiares.
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO. – La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que las autoridades no pueden ser indolentes ante los casos de desaparecidos y el dolor de sus familiares.

En una reunión de trabajo con colectivos de buscadoras y activistas, la funcionaria insistió en la necesidad de que los servidores públicos involucrados en la localización de personas actúen con profesionalismo, pero sobre todo con sensibilidad.

“Sé que iremos teniendo resultados poco a poco, quizá no tan rápido como esperan, pero estaremos trabajando con ahínco porque es un asunto de humanidad. No podemos ser indolentes ante su dolor, ante las ausencias”.

Rosa Icela Rodríguez dijo que ha dicho a sus compañeros, “mucho les he subrayado, que se actúe con sensibilidad y profesionalismo, con todas y todos ustedes”.

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La servidora pública escuchó demandas de casos específicos o relacionados con la reforma que se procesa en el congreso para mejorar el Sistema nacional de búsqueda.

La responsable de la política interna del país sostuvo que todos los planteamientos de los colectivos serán analizados y tomados en cuenta.

“No desdeñamos nada, no desdeñamos la ausencia ni desdeñamos el dolor”, dijo.

Los temas abordados en la reunión serían directamente reportados a la presidenta Claudia Sheinbaum, incluidas las denuncias contra funcionarios.

“Una cosa son los cambios de leyes, de protocolos, de normativas, el propio plan de búsqueda, en fin; pero otra cosa muy distinta son las peticiones particulares que ustedes tienen”, indicó.

“Y yo les pido a los servidores públicos, servidoras que están el día de hoy aquí, que nos ayuden a la atención, porque de todas maneras yo tendré que llevar un reporte a la presidenta para decir quién está atendiendo y quién no lo está haciendo”.

Rosa Icela Rodríguez explicó que las reformas legales, que podrían aprobarse en un periodo extraordinario de sesiones, contemplan la creación de una plataforma única de Identidad, que integra la Clave única de registro de población (CURP) con huella y fotografía desde el nacimiento.

Igualmente, la alerta nacional para la búsqueda, localización e identificación, con activación inmediata en todo el país, cuando se reporte la desaparición o no localización de una persona.

“(Esto) hace obligatoria la participación de autoridades y entidades públicas y privadas”, aseveró.

Los cambios establecen también la creación de la base nacional de carpetas de investigación que permita contar con un registro único de las indagatorias iniciadas por delitos de desaparición, actualizada en tiempo real por las fiscalías especializadas y operada por la fiscalía general de la República.

Se busca que los tres niveles de gobierno vinculen sus sistemas y registros con la plataforma única de identidad y que particulares y entidades privadas, como laboratorios, funerarias y hospitales, habiliten servicios gratuitos de consulta y acceso a sus archivos y bases biométricas para facilitar la búsqueda e identificación, en tiempo real.

La reforma jurídica, agregó, incluye el fortalecimiento institucional para que las fiscalías cuenten con unidades de análisis de contexto, áreas de búsqueda inmediata y de larga data.

Igualmente, para que tengan el apoyo a unidades de atención a víctimas, reforzamiento de departamentos especializados en delitos cibernéticos y el establecimiento de los perfiles mínimos necesarios para el personal.

La funcionaria federal puntualizó que, de aprobarse las modificaciones, se implementará el inicio inmediato de investigaciones, capacitación y profesionalización continua para el personal ministerial, policial y pericial, y la obligación de toda autoridad para alimentar el Banco nacional de datos forenses.

Las reformas contemplan también sanciones por incumplimiento de las autoridades y de los particulares que nieguen el acceso a información contenida en sus bases de datos o registros.

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