José Réyez
La pesca ilegal es una práctica que ha crecido de forma alarmante en el hemisferio occidental. Afecta significativamente a diversos sectores, amenazando la sostenibilidad de los recursos pesqueros de las Américas.
Además, esta actividad ilegal suele estar asociada a delitos como el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de seres humanos y la financiación de actividades delictivas que contribuyen a la inestabilidad e inseguridad regional, advierte en su informe la Junta Interamericana de Defensa (JID).
Señala que la pesca ilegal representa entre el 15 y el 30 por ciento de las capturas anuales mundiales. Además, se calcula que alrededor del 20 por ciento de los buques chinos faenan ilegalmente en esta zona, lo que contribuye al declive de las especies marinas. Alrededor del 10 por ciento de la población mundial depende directamente de la pesca como fuente de subsistencia y empleo.
“Las rutas marítimas se explotan a menudo para el tráfico de estupefacientes, mientras que diversos productos básicos, entre ellos el petróleo y los bienes de consumo de primera necesidad, se pasan de contrabando por vía marítima”, apunta.
Todo lo cual se está convirtiendo en un reto importante y relevante para la seguridad marítima. La falta de regulación y de inspecciones adecuadas facilita y a veces incluso fomenta la actividad pesquera ilegal, no regulada y no declarada (INDNR).
Por lo tanto, la JID advirtió que resulta más difícil identificar y castigar a los infractores. En general, “este escenario requiere esfuerzos conjuntos y coordinados en los países afectados, la mejora de los mecanismos de inspección e inversiones en tecnologías de seguimiento, control y respuesta” la JID en su informe final.
Economía ilegal
Desde el punto de vista económico, el costo de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada representa más del 20 por ciento del Producto Interno Bruto de la mitad de los países del mundo. Estas cifras demuestran la magnitud de este problema y su impacto en la economía mundial.
En cuanto a los retos, mencionó varios factores. En primer lugar, la crisis económica derivada de la pandemia ha aumentado la vulnerabilidad y dificultado la lucha contra la pesca ilegal. Además, la reducción de los presupuestos de defensa en algunos países de la región y las crisis institucionales también afectan.
Estos factores aumentan los actores ilícitos que buscan aprovecharse de las economías informales. Otro reto importante es la existencia de zonas grises legales, como el transbordo, que dificulta la lucha contra la pesca ilegal.
En cuanto a los enfoques para abordar este problema, replanteó la percepción de la defensa como un gasto público. Subrayó que la inversión en defensa puede afectar positivamente a la economía, como las repercusiones de la innovación y el efecto multiplicador en otras actividades económicas.
Planteó la necesidad de estudiar y medir el impacto económico de la protección de los recursos marítimos, como la pesca ilegal, para comprender mejor su efecto en la economía de un país. Menciona la necesidad de promover la sostenibilidad de las estrategias y operaciones a lo largo del tiempo, así como de reforzar la cooperación internacional y regional.
La pesca ilegal en México está vinculada con la sobrepesca, la desestabilización costera, la piratería, la inseguridad alimentaria, la degradación ambiental, las violaciones laborales, el contrabando de drogas y las organizaciones criminales
La pesca ilegal es un riesgo importante para la seguridad marítima de México, advierten Katherine Ananía, analista de RAND una organización sin fines de lucro y Renata Terrazas directora ejecutiva de Oceana organización dedicada a la protección de los océanos.
La pesca ilegal, no reglamentada y no declarada (INDNR) es un delito marítimo recurrente, como el contrabando de drogas, pero necesita sus propias soluciones. Ambos problemas incluyen rastrear e interceptar a los malos actores, dependen de la inteligencia y el intercambio de datos, y requieren coordinación y cooperación con los países socios para tener éxito, refiere en más reciente informe de RAND.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), el 40 por ciento de la pesca en nuestro país es ilegal.
El gobierno de Estados Unidos ha declarado que la pesca INDNR es una de las mayores amenazas a la salud de los océanos y ha dirigido un enfoque de gobierno para combatirla, con las agencias de aplicación de la ley marítima a la cabeza.
Renata Terrazas, vocera de Oceana, señala en entrevista que hay estimaciones del porcentaje de pesca ilegal según la autoridad pesquera en México de alrededor del 40 por ciento del total.
“Lo que tenemos actualmente en México es un cálculo de 40 por ciento de pesca legal y acciones descoordinadas del Estado mexicano para atenderla, y esto ha dado resultado en un declive de pesquería; realmente no sabemos cuál es el porcentaje de pesquería que va en declive por pesca ilegal y cuál por otras causas como sobrepesca o crisis climáticas”, destaca Terrazas.
Construir casos judiciales de pesca INDNR es notoriamente complicado debido a las restricciones jurisdiccionales, las autoridades limitadas y la complejidad de separar el pescado legal del ilegal. Incluso cuando un caso judicial se elabora y se lleva ante el sistema judicial, las penas suelen ser bajas. Presentar estos casos puede resultar frustrante, ya que la mayoría de las veces terminan sin una condena, apunta RAND.
Un grupo de senadores, junto con Oceana, presentaron una iniciativa para asegurar que todas las embarcaciones pesqueras que entren a Áreas Naturales Protegidas (ANP) cuenten con un sistema de monitoreo satelital y prohibir que se otorguen o renueven permisos para la pesca en el corazón de las ANP. Así, se busca combatir la pesca ilegal y garantizar que las especies que viven en estas zonas sean protegidas dentro de estos santuarios.
Esta medida permitirá que las 37 Áreas Naturales Protegidas marinas sean más eficientes en su tarea de proteger la riqueza marina de México. Al facilitar que las especies que habitan en estas zonas cuenten con la protección requerida para prosperar, aseguramos que las comunidades pesqueras sigan aprovechando los recursos en marinos alrededor de estas áreas.
