ROBERTO BECERRA
En los pasillos de Washington, un expediente se desliza sobre la mesa. Nombres. Cifras. Conexiones. Políticos mexicanos, gobernadores, alcaldes, tiemblan ante el ojo implacable del Tío Sam. ¿El delito? Sospechas de nexos con el narco, lavado de dinero, corrupción que cruza fronteras. La DEA y el Departamento del Tesoro afilan sus garras: visas canceladas, cuentas bancarias congeladas. Pero esto no termina aquí, aún hay más.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, es el primer trofeo. Su visa de turista, revocada. Su esposo, Carlos Torres, también en la lista negra. No es un caso aislado. En 2014, propiedades en Texas del hijo del exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso, fueron confiscadas por nexos con el crimen organizado. En 2020, Univision reveló que mil cuentas mexicanas, incluyendo las de políticos, fueron congeladas por vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación. La maquinaria estadounidense no perdona. Cada año, el Departamento de Justicia procesa 300 casos de lavado de dinero transfronterizo, 40% relacionados con México, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
¿Por qué ahora? La respuesta es un tablero de ajedrez. Donald Trump, en su segundo mandato, blande la amenaza de aranceles del 25% si México no frena el flujo de drogas y migrantes. La cancelación de visas y cuentas es un mensaje: “O se alinean, o los desmantelamos”. Analistas como Mario Maldonado, en Yucatán, lo llaman “una cacería de políticos mexicanos ligados al crimen”. Una fuente anónima del Departamento de Estado susurra: “No buscamos justicia, buscamos control”. En México, el silencio oficial es ensordecedor. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no ha emitido un solo comunicado. ¿Miedo o complicidad? En 2023, la UIF bloqueó cuentas a petición de EE. UU. en el 90% de los casos solicitados, según Debate. Pero esto no termina aquí, aún hay más.
La frecuencia de los cruces fronterizos de Ávila y Torres levantó alertas. Datos del FBI revelan que 60% de los políticos investigados por la DEA en México tienen propiedades en EE. UU., muchas a nombre de prestanombres. En 2024, México registró 27,794 homicidios dolosos, un aumento del 1.47% respecto a 2023, según el SESNSP. El Cártel de Sinaloa y el CJNG operan en 28 estados, con políticos como presuntos facilitadores. Un exagente de la DEA, Mike Vigil, declara: “No es solo Marina. Hay gobernadores en la cuerda floja. Los nombres están en un escritorio en Washington”. La lista negra de Marco Rubio, mencionada en Yucatán, incluye a 15 figuras mexicanas, aunque nadie confirma quiénes son. ¿Juego político o bomba de tiempo?
Washington no juega limpio; nunca lo ha hecho. Esta cacería no es por justicia, es por dominio. Políticos mexicanos, atrapados entre el narco y el Tío Sam, son peones en un juego donde el precio es la soberanía. Mientras México calla, las visas caen, las cuentas se evaporan y el poder se tambalea. Pero esto no termina aquí, aún hay más: el próximo nombre en la lista podría ser el de alguien intocable.
Moraleja política: En el ajedrez del poder, el peón siempre cae primero, pero el rey nunca está a salvo.
