- Tres organizaciones ciudadanas han entablado diálogo con las autoridades para colaborar en la creación de protocolos que garanticen el respeto a los derechos humanos durante la implementación del programa de alcoholímetro.
IGNACIO CALVA
CANCÚN, Q. ROO.- Tres organizaciones ciudadanas han entablado diálogo con las autoridades para colaborar en la creación de protocolos que garanticen el respeto a los derechos humanos durante la implementación del programa de alcoholímetro.
Edgar Mora, director de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Ayuntamiento, informó que, aunque no se logró el objetivo de implementar el programa para Semana Santa, los trabajos avanzan.
“Estamos estableciendo un marco legal que permita operar el alcoholímetro de manera transparente y respetuosa con la ciudadanía”, señaló.
Indicó que estas organizaciones están colaborando en atender ciertos puntos que se consideran importantes desde el ángulo de Derechos Humanos, como facilitar el proceso para que la ciudadanía levante sus quejas cuando lo consideren pertinente, así como darles certeza de que el proceso se lleva con transparencia y legalidad.
Un grupo de jóvenes activistas se ha mostrado particularmente proactivo en la promoción de campañas de prevención sobre el abuso del alcohol.
Este colectivo busca participar activamente en los operativos, especialmente en casos donde otros jóvenes sean detenidos, ofreciendo orientación y sensibilización sobre los riesgos del consumo excesivo de alcohol.
Edgar Mora explicó que uno de los puntos clave del programa será contar con personal de la Dirección de Derechos Humanos presente durante los operativos.
Este equipo facilitará a los ciudadanos la presentación de quejas, ya sea en el lugar o mediante enlace con instancias como la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.
“Queremos que los ciudadanos sepan que su voz será escuchada y que las posibles violaciones a sus derechos tendrán un canal adecuado para ser atendidas.
“Además, trabajamos en conjunto con la Comisión estatal para garantizar seguimiento hasta un año después de cualquier incidente reportado”, añadió.
El programa también contará con medidas que respalden cualquier procedimiento, incluyendo la recopilación de evidencia que garantice la transparencia y legalidad de las intervenciones, en caso de requerirse una investigación posterior.
