- Estados Unidos revocó las visas de la Gobernadora Marina Ávila y de su esposo Carlos Torres.
STAFF / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado panista Héctor Saúl Téllez anunció que mañana presentará ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo para solicitar la derogación del decreto del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador para regularizar los autos “chocolate”.
La propuesta es ante las versiones de que el retiro de la visa a la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo Carlos Torres por Estados Unidos podría estar relacionado con una red ilegal de tráfico de esos vehículos.
El exhorto demanda también a la Fiscalía General de la República (FGR) que inicie carpetas de investigación contra los funcionarios, ex servidores y particulares presuntamente involucrados en esa red, en particular del estado de Baja California.
De acuerdo con la exposición de motivos, el decreto del ex Presidente publicado el 26 de octubre de 2024 y vigente hasta el 30 de septiembre de 2026, creó en la práctica un mercado paralelo alimentado por redes de corrupción, tráfico de influencias y contrabando en aduanas del norte del país.
El punto de acuerdo advierte que se estima que se han regularizado más de 2.5 millones de vehículos a través de los diversos decretos emitidos.
Expone que aunque el Gobierno presume beneficios como la recaudación de más de seis mil millones de pesos, intencionalmente ha omitido el alto costo estructural de dicha política, como la normalización de prácticas irregulares, la pérdida de controles aduaneros y la vinculación de redes de corrupción.
Recuerda que la Presidenta Claudia Sheinbaum fue informada de denuncias de contrabando relacionadas con Roberto Ruiz Armas, agente aduanal con patente 1656, presuntamente vinculado con Luis Torres, cuñado de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
“Existen señalamientos de que esta red operaba con pleno conocimiento de altos funcionarios y que facilitaba la importación masiva de vehículos sin cumplir requisitos legales”, plantea.
El exhorto detalla que de acuerdo con versiones periodísticas, existen investigaciones federales que implican a Ruiz Armas y a una decena de empresas como Goga Automotriz, Alfa Agro y Kikis Automotriz en esquemas de sobornos a jueces y autoridades federales en Baja California y el Estado de México para permitir el ingreso ilegal de autos, prácticas que habrían persistido, incluso con el aval o desinterés del propio SAT.
Detalla que en 2017, el SAT destituyó a Marco Flavio Rigada Soto, administrador central de Apoyo Jurídico de Aduanas, por su implicación en redes de importación ilegal, en las que también participaba Ruiz Armas y un año después, nuevos reportes señalaron que agentes aduanales, loteros y funcionarios operaban redes para introducir cientos de autos ilegales semanalmente por Mexicali y Ciudad Juárez y que utilizaban certificados de origen falsificados para burlar la Ley Aduanera y el Tratado de Libre Comercio.
Agrega que, durante la conferencia mañanera del 19 de marzo pasado, se expusieron denuncias recientes sobre introducción ilegal de vehículos a través de las aduanas de Tecate y Mexicali y Ruiz Armas volvió a ser señalado como operador de esta red, en colusión con Torres, quien además enfrenta acusaciones por tráfico de hidrocarburos.
Ante ello, el punto de acuerdo demanda la cancelación del decreto emitido por López Obrador y publicado el 26 de octubre pasado, con vigencia al 30 de septiembre de 2026, “derivado de la red de corrupción y tráfico de influencias que se tiene en las aduanas de la frontera norte de México”.
Señala también la necesidad de establecer la presunta responsabilidad penal de funcionarios del SAT, de la Agencia Nacional de Aduanas de México, de los administradores locales de aduanas y de servidores públicos de los gobiernos estatales y municipales, particularmente de Baja California.
Finalmente, demanda que la FGR informe a la Comisión Permanente sobre los avances procesales, las medidas cautelares y resultados obtenidos en el marco de las investigaciones, a fin de garantizar que no exista impunidad para ningún funcionario público o particular implicado y que se les impongan sanciones ejemplares que inhiban conductas ilegales.
