- En el marco de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, representantes de radios comunitarias o indígenas exigen en Senado ser reconocidas como entes ‘sujetos de derecho’ público.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras las grandes cadenas de radio se reparten el país a través de cientos de frecuencias, nombres como Exa FM, La Mejor o Radio Centro resuenan sin obstáculos en el espectro mexicano. Con el respaldo de millonarias inversiones, alianzas transnacionales y una regulación diseñada a su medida, los grupos de radiodifusión dominan el aire como si fuera suyo. Pero no lo es. No del todo.
En un salón del Senado, alejado del bullicio de los estudios comerciales, las voces de la otra radio se hicieron escuchar. Mujeres y hombres representantes de emisoras comunitarias, indígenas y afromexicanas participaron en la segunda mesa del cuarto conversatorio sobre la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Frente a senadores, expusieron la precariedad, la burocracia y el abandono que enfrentan por parte del Estado. No vinieron a pedir favores, sino a exigir lo que por derecho les corresponde: acceso al espectro, reconocimiento legal y condiciones mínimas para existir.
Karina Patrón, del Comité Nacional de Radios Comunitarias, fue tajante: “El servicio público de radiodifusión indígena debe reimaginarse desde una perspectiva interseccional, feminista y comunitaria”. Su voz contrastó con los silencios institucionales de años. Como ella, otros exigieron lo que la ley aún niega: fondos compensatorios, procesos accesibles, y el fin de la criminalización por ejercer la comunicación desde y para sus pueblos.
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Mientras tanto, los grandes grupos como ACIR, MVS o Grupo Siete siguen creciendo, multiplicando sus emisoras, consolidando sus redes y recibiendo concesiones con trámites exprés. Más de 1,700 estaciones están bajo su control. Las radios comunitarias, en cambio, apenas llegan a 122. Y muchas sobreviven con miedo: a las multas, al narco, a la indiferencia.
Los legisladores escucharon, unos con interés, otros con escepticismo. Algunos como Beatriz Mojica (Morena) celebraron que por primera vez se reconozca a estas comunidades en una ley. Otros, como Carolina Viggiano (PRI), sembraron sospechas al preguntar cuántas radios indígenas están ya en manos del crimen organizado. La estigmatización llegó puntual a la cita.
En medio del debate, la palabra “equilibrio” se repitió como mantra. Pero en un país donde el espectro está secuestrado por intereses privados, hablar de equilibrio parece una ironía. Las radios comunitarias no compiten en igualdad de condiciones; resisten desde la orilla del sistema.
La sesión terminó, pero la batalla sigue. En los cerros, selvas y barrios donde aún se escuchan voces en lengua náhuatl, purépecha o mixe, la radio comunitaria no es un lujo ni un negocio: es herramienta de vida, cultura y dignidad.
