- Integrantes del Proyecto Inocencia Quintana Roo condenó las manipulaciones del Poder Judicial estatal.
IGNACIO CALVA
CANCÚN, Q. ROO.- El Proyecto Inocencia Quintana Roo alzó la voz contra lo que calificaron como una “preocupante manipulación del Poder Judicial estatal” para impedir que se haga justicia en casos que involucran disputas de custodia y acusaciones penales.
Actualmente, la organización trabaja en 11 casos que, aseguran, evidencian un patrón de venganza y abuso de poder.
De acuerdo con los representantes del proyecto, las personas acusadas enfrentan los procesos en condiciones desfavorables debido a los presuntos nexos de los denunciantes con autoridades judiciales.
Esto, argumentaron, permite influir en los fallos y obstaculizar el debido proceso judicial.
De los 11 casos en los que trabajan, nueve corresponden a hombres acusados de violencia familiar, acoso o abuso de menores; los otros dos casos involucran a mujeres señaladas por violencia familiar y corrupción de menores.
La organización sostiene que, en la mayoría de estas acusaciones, las pruebas aportadas indican que no existe un riesgo real para los menores.
En cambio, las denuncias parecerían tener como objetivo causar daño emocional y legal a los acusados, utilizando a los hijos como una herramienta para restringir la custodia o la interacción con ellos.
Uno de los casos más emblemáticos que aborda la organización es el de Marcos Miranda, en el que denuncian la intervención política de María del Carmen Suárez May, consejera jurídica del municipio de Lázaro Cárdenas.
Según Proyecto Inocencia, Suárez May habría utilizado su influencia para manipular las investigaciones y bloquear el acceso de Miranda a un proceso justo.
Aunque el acusado solicitó un procedimiento abreviado para declararse culpable y cumplir su sentencia, el proceso ha enfrentado retrasos inexplicables.
“Solicitamos un procedimiento abreviado, el juez que abre la audiencia del procedimiento abreviado, sostuvo el debate sobre el mismo y únicamente suspendió la audiencia para dictar sentencia.
“En ese lapso de una audiencia a otra, de mayo a junio, llegó un oficio al juez de despacho de la nueva fiscal de Delitos Sexual renunciando al procedimiento abreviado”.
Los integrantes de Proyecto Inocencia explicaron que no hay fundamento en el Código Nacional de Procedimientos Penales que diga que se pueda renunciar a este procedimiento, además de que esta Fiscalía carece de la facultad para renunciar o detener el proceso.
Dos de los casos, incluido el de Marcos Miranda, se encuentran bajo prisión preventiva debido a la reforma de 2024 que amplió los delitos sujetos a esta medida.
Sin embargo, Proyecto Inocencia subraya que las irregularidades no se limitan a la legislación.
Acusan a instituciones como el DIF; la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y a jueces de entorpecer los procesos mediante prácticas como la simulación de notificaciones y el traslado de expedientes entre ministerios, lo que provoca demoras injustificadas.
Por otra parte, de cara a las elecciones judiciales del próximo 1 de junio, la organización llamó a la ciudadanía a protestar mediante la anulación del voto.
Esta acción busca enviar un mensaje claro sobre la necesidad de un cambio estructural en el Poder Judicial.
“Tenemos que hacer sentir a las autoridades el poder que tiene la ciudadanía de inconformarnos, de que no vamos a aceptar cualquier candidato o candidata al Poder Judicial.
“Más si se ve envuelto en escándalos de abuso de poder, de ser un juez corrupto e inepto y que ha dañado la vida de muchas víctimas que creyeron en la justicia. Por eso está estamos llamando a anular el voto”, explicaron.
