- Llamados a boicot y tensiones fiscales rodean elección judicial en México.
FELIPE VILLA
Ciudad de México.– La elección judicial programada para el próximo 1 de junio ha generado una intensa controversia en el ámbito político y empresarial del país, luego de que diversas figuras públicas, encabezadas por el empresario Ricardo Salinas Pliego, expresaran su rechazo al proceso.
Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas —consorcio que agrupa a empresas como TV Azteca, Elektra y Banco Azteca—, ha utilizado sus redes sociales para calificar el proceso electoral como una “farsa” y llamar a los ciudadanos a no participar. En una de sus publicaciones más recientes, afirmó que emitir el voto en esta jornada “equivaldría a legitimar un golpe de Estado”.
Este posicionamiento ocurre mientras el empresario enfrenta un conflicto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que reclama a sus empresas un adeudo superior a los 63 mil millones de pesos. La deuda, según el organismo fiscal, proviene del uso del antiguo régimen de consolidación fiscal, mecanismo legal que permitía a los grupos empresariales diferir pagos de impuestos compensando pérdidas internas entre sus subsidiarias.
A este llamado al boicot se han sumado otras voces del ámbito político y la propia televisora de Salinas. El expresidente Vicente Fox ha replicado la postura crítica contra la elección judicial, al igual que agrupaciones que apoyaron a la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez en las elecciones de 2024. Estos actores también han cuestionado la legitimidad del ejercicio electoral en curso.
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Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado su respaldo a la participación ciudadana en la elección judicial. En declaraciones recientes, subrayó que “todos deben cumplir con sus obligaciones fiscales”, y en referencia a Salinas Pliego aseguró que “va a tener que pagar los impuestos que debe”, como parte del compromiso de su gobierno con la legalidad y la equidad tributaria.
En este contexto, la elección judicial —que por primera vez permitirá a la ciudadanía votar por jueces, magistrados y ministros— ha cobrado un peso simbólico en la transformación del Poder Judicial. Diversos sectores interpretan los llamados al boicot como parte de una disputa más amplia en torno a la reforma judicial promovida por el Ejecutivo y el papel de los grandes actores económicos en la vida pública nacional.
El proceso se inscribe en una coyuntura marcada por la polarización y por la discusión sobre la autonomía de los poderes del Estado. Mientras algunos promueven su fortalecimiento a través del voto popular, otros advierten sobre posibles riesgos a su independencia.
