- Llamados a boicot y tensiones fiscales rodean elección judicial en México.
FELIPE VILLA
Ciudad de México.– La elección judicial programada para el próximo 1 de junio ha generado una intensa controversia en el ámbito político y empresarial del país, luego de que diversas figuras públicas, encabezadas por el empresario Ricardo Salinas Pliego, expresaran su rechazo al proceso.
Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas —consorcio que agrupa a empresas como TV Azteca, Elektra y Banco Azteca—, ha utilizado sus redes sociales para calificar el proceso electoral como una “farsa” y llamar a los ciudadanos a no participar. En una de sus publicaciones más recientes, afirmó que emitir el voto en esta jornada “equivaldría a legitimar un golpe de Estado”.
Este posicionamiento ocurre mientras el empresario enfrenta un conflicto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que reclama a sus empresas un adeudo superior a los 63 mil millones de pesos. La deuda, según el organismo fiscal, proviene del uso del antiguo régimen de consolidación fiscal, mecanismo legal que permitía a los grupos empresariales diferir pagos de impuestos compensando pérdidas internas entre sus subsidiarias.
A este llamado al boicot se han sumado otras voces del ámbito político y la propia televisora de Salinas. El expresidente Vicente Fox ha replicado la postura crítica contra la elección judicial, al igual que agrupaciones que apoyaron a la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez en las elecciones de 2024. Estos actores también han cuestionado la legitimidad del ejercicio electoral en curso.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado su respaldo a la participación ciudadana en la elección judicial. En declaraciones recientes, subrayó que “todos deben cumplir con sus obligaciones fiscales”, y en referencia a Salinas Pliego aseguró que “va a tener que pagar los impuestos que debe”, como parte del compromiso de su gobierno con la legalidad y la equidad tributaria.
En este contexto, la elección judicial —que por primera vez permitirá a la ciudadanía votar por jueces, magistrados y ministros— ha cobrado un peso simbólico en la transformación del Poder Judicial. Diversos sectores interpretan los llamados al boicot como parte de una disputa más amplia en torno a la reforma judicial promovida por el Ejecutivo y el papel de los grandes actores económicos en la vida pública nacional.
El proceso se inscribe en una coyuntura marcada por la polarización y por la discusión sobre la autonomía de los poderes del Estado. Mientras algunos promueven su fortalecimiento a través del voto popular, otros advierten sobre posibles riesgos a su independencia.
