- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones económicas a dos integrantes de alto rango del Cártel del Noreste.
STAFF / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones económicas a dos integrantes de alto rango del Cártel del Noreste (CDN), organización señalada como terrorista y responsable de actividades criminales transnacionales.
Le atribuyen el ataque con granadas y armas de fuego contra el consulado estadounidense en Nuevo Laredo en 2022.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó a Miguel Ángel de Anda Ledezma y Ricardo González Sauceda como operadores clave del cártel y les bloqueó el acceso a propiedades y activos bajo jurisdicción estadounidense.
“El Cártel del Noreste y sus líderes han llevado al cabo una campaña violenta de intimidación, secuestros y terrorismo que amenaza a comunidades de ambos lados de la frontera”, manifestó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
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De acuerdo con el gobierno estadounidense, De Anda Ledezma reside en Nuevo Laredo y se encargaba de comprar armas y municiones para el cártel, mediante compras ficticias a empresas estadounidenses.
Varias de estas armas, detalló el Tesoro, fueron utilizadas en atentados, incluido un ataque contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en marzo de 2024.
Por su parte, González Sauceda fungía como segundo al mando del CDN antes de su detención en febrero de este año.
Fue capturado en posesión de un rifle, metanfetaminas y más de mil 500 pastillas de fentanilo, tras su presunta participación en un ataque que dejó dos soldados muertos y cinco heridos.
El CDN, que opera principalmente en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, fue designado como Organización Terrorista Extranjera (FTO) por el Departamento de Estado el 20 de febrero de este año.
Anteriormente, había sido identificado como una organización criminal transnacional bajo su antiguo nombre: Los Zetas.
Las sanciones fueron emitidas conforme a las órdenes ejecutivas 13224 y 14059, dirigidas contra organizaciones terroristas y redes de tráfico de drogas.
La OFAC reiteró que cualquier transacción con estos individuos por parte de ciudadanos o empresas estadounidenses está prohibida.
Advirtió que las instituciones financieras extranjeras podrían enfrentar sanciones secundarias si facilitan operaciones a nombre de los señalados.
El gobierno estadounidense destacó que estas acciones se coordinaron con agencias como la DEA, el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
Las autoridades señalaron que el objetivo de estas sanciones no es únicamente castigar, sino presionar para un cambio de comportamiento.
