- La organización ciudadana Defensorxs informó que ha detectado al menos cinco casos de candidatos a jueces y magistrados que tienen antecedentes de violencia de género.
STAFF / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- La organización ciudadana Defensorxs informó que ha detectado al menos cinco casos de candidatos a jueces y magistrados que tienen antecedentes de violencia de género o acusaciones de haber cometido delitos sexuales.
Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización, afirmó que el último caso descubierto es el de un aspirante a magistrado que fue detenido por el intento de asesinato de su esposa y quien fue precandidato a un puesto de elección popular por Morena.
“En Defensorxs hemos mostrado que no existieron filtros contra candidatos ligados al crimen organizado; Al parecer, tampoco filtraron a los violentadores. Hasta el momento, hemos detectado a cinco”, indicó.
La organización tiene previsto acudir este mediodía al Instituto Nacional Electoral (INE) para presentar un escrito formal con pruebas contra 24 candidatos.
En el caso de los violentadores, expuso Meza, está Edgar Agustín Beiza, juez de la Ciudad de México denunciado por una alumna de la UNAM por abuso sexual y por decenas de mujeres que lo han acusado de encubrir a sus agresores.
También está Luis Castañeda, con 36 denuncias de víctimas en redes sociales por acoso sexual, señalado por amenazar a sus víctimas e investigado por un homicidio culposo tras atropellar a un motociclista.
Francisco Martín Hernández Zaragoza, destituido en 2015 por el Consejo de la Judicatura Federal por abuso sexual y quien ahora busca regresar al Poder Judicial Federal a través de la elección del próximo domingo.
Nicollino Giuseppe Mariano Cangiamilla Enríquez, administrador penitenciario de Sonora, acusado de encubrir un feminicidio ocurrido en una prisión durante una visita conyugal.
Ahora confirmamos el caso de un candidato que fue destituido y detenido por intentar matar a su esposa”, afirmó Miguel Alfonso Meza, quien anunció que más tarde darán a conocer los detalles del caso.
Sobrina de huachicolero
Por otra parte, Carlos Loranca Muñoz, magistrado poblano señalado de tener lazos con el crimen organizado, impulsa a su sobrina Ana Rosa Jiménez Loranca como candidata a jueza federal de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en Puebla para los comicios de este domingo.
La organización Defensorxs calificó esa postulación como de alto riesgo y advirtió que Jiménez Loranca forma parte de una red de familiares que ha tejido el magistrado en el Poder Judicial y podría defender a delincuentes.
El 5 de septiembre de 2017, medios poblanos publicaron que Othón Muñoz Bravo, alias “El Cachetes”, empresario gasolinero señalado por las autoridades locales como líder huachicolero, tenía lazos con Loranca Muñoz.
Tras el escándalo, el Consejo de la Judicatura trasladó al juzgador de Puebla a Chihuahua.
El magistrado había tejido una red de familiares en el Poder Judicial, pues garantizó espacios a su hija y sobrinos en diversos cargos, entre ellos Jiménez Loranca, a quien colocó como secretaria de un juzgado.
En enero de 2018, el Consejo de la Judicatura lo suspendió para indagar sus lazos con el líder huachicolero y, en febrero del 2021, el Consejo de la Judicatura lo inhabilitó por 15 años por no reportar seis millones de pesos en sus declaraciones patrimoniales.
Sin embargo, el magistrado llevó el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo reinstaló en el cargo en diciembre de 2024, al considerar que se le juzgó con una ley anterior.
