- La Cdheqroo recomendó enfocar esfuerzos en el penal de Cancún, particularmente en infraestructura, seguridad y programas de reinserción social.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- La evaluación del sistema penitenciario de Quintana Roo se mantuvo sin avances durante 2024, al repetir la misma calificación general obtenida en 2023: un 7.29.
Esto, de acuerdo con el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria elaborado por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo).
Entre los centros evaluados, la cárcel de Cancún fue la única que obtuvo una calificación reprobatoria con 5.88.
En contraste, el penal de Cozumel destacó como el mejor evaluado con 8.27, seguido por el Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen con 7.62 y el penal de Chetumal con 7.42.
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Durante las visitas de evaluación se reportó una capacidad instalada de dos mil 712 personas en los centros penitenciarios del estado, pero la población real al momento del estudio ascendió a tres mil 795 internos, lo que refleja un problema persistente de sobrepoblación.
A pesar de mantenerse en un rango considerado “aprobatorio”, el informe advierte que no se han implementado acciones efectivas para mejorar las condiciones del sistema.
“El estancamiento en la calificación evidencia la necesidad de revisar qué medidas han sido efectivas y cuáles no, especialmente en las áreas que continúan en situación de riesgo”, señala el informe.
La Cdheqroo recomendó enfocar esfuerzos urgentes en el penal de Cancún, particularmente en los aspectos de infraestructura, seguridad y programas de reinserción social.
También sugiere evaluar si factores como el hacinamiento y la falta de personal están afectando la gobernabilidad del centro.
En el caso de Cozumel, la recomendación es analizar las estrategias que han contribuido a su buen desempeño, con el fin de replicarlas en centros con menor rendimiento.
De manera general, el organismo sostuvo que la sobrepoblación continúa siendo uno de los retos más críticos, especialmente en Cancún y Playa del Carmen, afectando tanto las condiciones de vida de las personas privadas de libertad como el control institucional.
El informe también subraya la ausencia de una perspectiva de género en el tratamiento penitenciario, lo que pone en riesgo los derechos de las mujeres recluidas.
A ello se suma la falta de atención especializada para grupos en situación de vulnerabilidad, como personas mayores, personas con VIH o Sida, miembros de comunidades indígenas, del colectivo LGBT+, personas con trastornos por consumo de sustancias y personas con discapacidad.
Entre las recomendaciones planteadas por la Cdheqroo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se encuentran generar las acciones necesarias para reducir la sobrepoblación penitenciaria, lo que permitiría mejorar la gestión y el control interno.
Fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias médicas, mediante la creación de unidades equipadas dentro de los centros; rehabilitar físicamente áreas como dormitorios y talleres e incrementar el personal de seguridad y custodia, en proporción a la población reclusa.
Para esta evaluación se aplicaron 987 encuestas a una muestra de tres mil 795 personas privadas de libertad, lo que representa una cobertura de 26.01 por ciento, superando el mínimo requerido de 23.8 por ciento para poblaciones mayores a mil 500 personas, según los lineamientos nacionales.
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