José Réyez
En las últimas décadas, América Latina ha sido escenario de debates sobre la pertinencia de negociar con grupos criminales, especialmente aquellos sin una agenda ideológica clara.
Ejemplos como las treguas en El Salvador (2012), que redujeron los homicidios en un 50%, o los procesos de sometimiento a la justicia en Colombia, han abierto la puerta a discusiones sobre alternativas de política pública frente al crimen organizado.
Sin embargo, México ha permanecido al margen de esta conversación, debido a factores como la influencia de la relación bilateral con Estados Unidos, la narrativa de la “guerra contra el narco” y la imposibilidad de diálogo gubernamental con grupos criminales.
Así lo establece el documento “Destrucción de la negociación con grupos criminales en México” del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT,), del autor Sebastián Guerra Sánchez, investigador asociado de IFIT, en el que colaboraron Elena Azaola, Alberto Olvera, Raúl Benítez, Daniel Vásquez y David Pérez, del Grupo de Apoyo para la Construcción de Paz (GAPMX),
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Señala las restricciones para la negociación en México debido a la fragmentación del crimen organizado: La atomización de los grandes cárteles ha dado lugar a más de 150 grupos criminales (2020), con estructuras descentralizadas y competencia violenta por mercados. Esta diversificación dificulta acuerdos, ya que no todos los grupos tienen la misma capacidad para cumplir compromisos.
La Diversificación económica del crimen. Los grupos criminales ya no dependen solo del narcotráfico; han incursionado en extorsión, tráfico de armas, control de cadenas productivas (como el aguacate o el limón), robo de combustible y trata de personas. Esta pluralidad de ingresos reduce los incentivos para negociar y reintegrarse a la legalidad.
Además, el arraigo social y territorial: El crimen organizado está profundamente vinculado a economías locales y comunidades, como ocurre en Michoacán con la industria del aguacate. Cualquier negociación debe abordar no sólo a los criminales, sino también las redes económicas y sociales que los sostienen.
Así como la Colusión con el Estado: y la debilidad institucional. La “zona gris” entre el poder legal e ilegal complica identificar actores confiables para negociar. La corrupción y la infiltración en instituciones públicas debilitan la capacidad del Estado para actuar con legitimidad.
Las instituciones de seguridad y justicia en México carecen de las herramientas necesarias para sostener una negociación efectiva. La falta de reformas sustanciales en estos ámbitos limita la posibilidad de ofrecer garantías judiciales o amenazas creíbles a los grupos criminales.
A pesar de las restricciones, el documento plantea caminos para incorporar la negociación como herramienta de política pública:
Desmantelamiento de redes de corrupción, como priorizar la lucha contra actores estatales coludidos con el crimen, en lugar de enfocarse sólo en los capos. La negociación podría servir para exponer estas redes y fortalecer la inteligencia del Estado.
Reformas institucionales: y diseño de posesos de negociación. Fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y profesionalizar a los actores locales (policías, fiscales) para romper el círculo vicioso de colusión y debilidad gubernamental.
Una eventual ley de sometimiento debería incluir: Información robusta sobre los grupos criminales, enfoques diferenciados (territoriales o por rangos dentro de las organizaciones), consensos políticos y participación de víctimas y sociedad civil, incentivos legítimos, como reducción de penas o programas de reinserción, así como comunicación y opinión pública:
Superar narrativas polarizantes (“guerra contra el narco”) y balancear confidencialidad con transparencia para ganar legitimidad social.
La negociación con el crimen organizado no es una solución mágica, pero podría ser parte de una estrategia integral que combine fortalecimiento institucional, reformas judiciales y políticas sociales.
