- En el seno de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Justicia, del Senado de la República, fue aprobado el dictamen, con la abstención de la oposición, que pretende reforzar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- En el seno de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Justicia, del Senado de la República, fue aprobado el dictamen, con la abstención de la oposición, que pretende reforzar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Entre otros objetivos, la iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita busca:
— Prevenir que recursos ilícitos alteren su sanidad y con ello la confianza de inversionistas y la solidez del mercado.
— Cumplir con los compromisos internacionales derivados de nuestra pertenencia al Grupo de Acción Financiera Internacional más conocido como GAFI, actualmente por cierto presidido por una mexicana. Esto con el propósito de evitar sanciones o restricciones que pongan en riesgo la posición financiera de México en el ámbito global.
— Atender las observaciones emitidas en la evaluación mutua de 2018 de este organismo, subsanando principalmente deficiencias normativas y operativas en materia de identificación de beneficiarios finales, supervisión de actividades no financieras y debida diligencia respecto de personas políticamente expuestas.
— Proteger el interés público garantizando que las actividades económicas se desarrollen de manera legal, transparente y segura para ciudadanos y empresas.
— Preservar derechos fundamentales mediante restricciones razonables, es decir, que las medidas restrictivas sean proporcionales al riesgo de cada actividad, evitando imponer cargas excesivas a sectores de bajo riesgo como algunas organizaciones de la sociedad civil.
De último momento, el senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara introdujo una reserva para que fuese suprimido el artículo 3 que hacía susceptible de los alcances de la ley a las agrupaciones religiosas y los colegios de profesionistas.
El dictamen podría presentarse en el Pleno durante los trabajos del periodo extraordinario que podría ser convocado el próximo viernes.
En tanto, las bancadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano externaron “su preocupación” sobre la posibilidad de que las autoridades hacendarias obtengan información de los entes públicos sin restricción alguna.
“Nos preocupa que se dé acceso a todo tipo de información de los mexicanos que pueda estar en posesión de los entes públicos. Lo más preocupante que se plantea es que esta información se proporcione sin restricción alguna”, expresó la senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano.
“Las dependencias y entidades de la Federación proporcionarán a la Secretaría de Hacienda la información, datos e imágenes que tengan acceso y esto nos parece sumamente grave”.
Por el PRI, la senadora Carolina Viggiano dijo que, junto con otras leyes, la que concierne al lavado de dinero conlleva la intención de crear un sistema de vigilancia para el ciudadano.
Según ella, la ley es creada con un claro propósito, el de vincular con datos biométricos y apropiarse de todos los registros en los tres órdenes de gobierno.
“No se les quita la tentación de controlar”, declaró.
La secretaria general priista pidió a Morena revisar el asunto de que se puede requerir información sin órdenes judiciales.
La panista Guadalupe Murguía dijo que observa posibles excesos que pudieran cometerse en relación con los derechos personales, la vida privada, la propiedad, el secreto bancario y el principio de presunción de inocencia.
