- Operaciones encubiertas, vigilancias ilegales y abusivas, acceso a datos privados, serán parte de las atribuciones de la Guardia Nacional.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- Operaciones encubiertas, vigilancias ilegales y abusivas, acceso a datos privados, serán parte de las atribuciones de la Guardia Nacional, contenidas en la ley aprobada en la Cámara de Diputados, advirtieron Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Entre las ONG firmantes están Artículo 19, Red de Defensa de Derechos Digitales, Data Cívica y Fundar, entre otras.
A pesar de las denuncias reiteradas sobre inminentes violaciones a los derechos humanos y la exigencia ciudadana para que se abriera el diálogo, señalaron, los legisladores avalaron la Ley de la Guardia Nacional y las reformas a las leyes secundarias en la materia.
“Estas reformas legalizan la vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas, al facultar a la Secretaría de la Defensa Nacional para procesar y usar información para actividades de inteligencia por motivos de seguridad nacional sin que existan salvaguardas ni controles para estas atribuciones”, indicaron.
Además, apuntaron, se eliminó el requisito de autorización judicial para que la Guardia Nacional acceda a datos conservados por parte de empresas de telecomunicaciones y la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles.
“La vigilancia ilegal y abusiva por parte de las Fuerzas Armadas es una práctica reiterada que hemos advertido y documentado de forma contundente como lo revela la investigación Ejército-Espía.
“Se ha llevado a cabo selectivamente en contra de periodistas, defensoras de derechos humanos, investigadores e incluso funcionarios públicos. En dichos casos, la impunidad es absoluta”, indicaron las ONG.
Destacaron que las leyes aprobadas también autorizan a las Guardia Nacional para que realice operaciones encubiertas, a pesar de que en 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó al que realizara ese tipo de labores.
Consideran que se trataba de una técnica de investigación que podría dar lugar a la obtención de pruebas ilícitas y a la no incriminación.
“La aprobación de estas reformas en materia de Guardia Nacional es parte de un paquete de iniciativas que se abordarán esta semana en el Congreso de la Unión durante el período extraordinario, para las cuales tampoco se plantea la mínima apertura, discusión, ni parlamento abierto.
“Cada una de ellas, y por lo que implica si se implementan en conjunto, representan una amenaza directa para los derechos humanos”, puntualizaron.
En este sentido, las ONG adelantaron que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, ordenan la interconexión de bases de datos nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas, para que las autoridades accedan a ellas sin los controles necesarios, así como facultades de acceso irrestricto para el Centro Nacional de Inteligencia.
Añaden que la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión profundiza el sistema de vigilancia y violación a la privacidad que existía a partir de esa ley vigente al mantener el sistema de acceso a datos conservados y geolocalización en tiempo real sin controles judiciales y sin especificar las autoridades facultadas para ello.
“Además, el último dictamen incorpora a las instancias de inteligencia de manera amplia con la facultad de acceder a esos datos de manera irrestricta, sin transparencia y sin posibilidad alguna de rendición de cuentas”, remarcan.
“La consolidación del poder de vigilancia sin control para las Fuerzas Armadas, el debilitamiento de mecanismos de control y el establecimiento de un Estado que monitorea permanentemente a la sociedad a través de bases de datos y registros obligatorios son una afrenta directa a los derechos y libertades mínimas en un contexto democrático”, reprocharon las organizaciones.
Ante ello, hicieron un llamado a los diputados para rechazar las demás legislaciones que se aborden, al Senado de la República para desechar las que les sean turnadas, y al Congreso de la Unión en su conjunto a recordar que su función es servir a los derechos de la población.
