- La Suprema Corte ordenó ayer admitir a trámite las primeras acciones colectivas promovidas por la Comisión Federal de Competencia Económica.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La Segunda Sala de la Suprema Corte ordenó ayer admitir a trámite las primeras acciones colectivas promovidas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que busca obligar a distribuidoras farmacéuticas a pagar una indemnización de 2 mil 316 millones de pesos.
Por tres votos contra uno, los Ministros de la Segunda Sala declararon fundadas las apelaciones de la Cofece contra el desechamiento inicial de sus demandas, dictado en noviembre por Dinorah Hernández, Jueza Primera Especializada en Competencia Económica.
Las acciones fueron promovidas contra la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República Mexicana (Diprofar), así como contra las empresas Casa Saba y Fármacos Nacionales.
La Cofece ha tenido desde hace una década la facultad de promover acciones colectivas a nombre de quienes son afectados por conductas abusivas de las empresas.
En este caso, Cofece multó en 2021 a 21 personas físicas, cinco empresas y la Diprofar por ponerse de acuerdo entre 2006 y 2016 para manipular los precios de venta a las farmacias, limitar descuentos y volumen de ventas y no distribuir medicamentos ciertos días del año.
Las multas ascendieron a 903 millones de pesos, lo máximo que permite la ley, pero Cofece estimó el daño a los consumidores en más de dos mil 300 millones de pesos, monto que pretende recuperar con la acción colectiva, para luego entregarlo al IMSS-Bienestar.
Este tipo de litigios, previstos en México desde 2011 y similares a las class actions estadounidenses, han fracasado por los obstáculos procesales y prácticos para lograr sentencias definitivas.
Pero Cofece no había intentado una demanda de esta naturaleza. La petición de canalizar los recursos al IMSS-Bienestar también es inusual en un caso de este tipo.
Si bien la Cofece esta por desaparecer como órgano con autonomía constitucional, el litigio será heredado por la Comisión Nacional Antimonopolios, el órgano descentralizado creado para reemplazarla, mismo que será parte del Poder Ejecutivo.
Cabe recordar que el IMSS presentó en 2016 demandas civiles por prácticas monopólicas contra seis empresas que se coludieron en sus ventas al Gobierno, reclamando 700 millones de pesos de indemnización, pero esos casos no eran acciones colectivas y no se han resuelto.
