- Cristina Torres, secretaria de Gobierno de Quintana Roo, respalda operativos de la FGE.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- La secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres Gómez, aseguró que las acciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) se sustentan en investigaciones formales y carpetas judicializadas, por lo que descartó que los operativos sean mera simulación.
Al ser cuestionada a raíz de la creación de la Asociación de Trabajadores de Centros Nocturnos, Bares y Botaneros “Es tra, no tra” (“es trabajo, no trata”) —quienes denunciaron que los cateos de la FGE afectan a negocios que operan legalmente—, dijo que las actuaciones de la autoridad están dentro del marco legal.
“Yo creo que la Fiscalía tiene los elementos suficientes en los casos de las carpetas que se han judicializado, si no hubiera, imagínate, los propios jueces no darían las autorizaciones a proceso”.
La funcionaria consideró que dichas acusaciones forman parte de la estrategia de defensa de la asociación, al sostener que toda persona aún confesa de un ilícito que haya cometido tiene derecho a alegar lo que estime pertinente.
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Incluso, comentó que estos temas no deben debatirse mediáticamente, sino dentro de los expedientes, en las instancias correspondientes y con base en pruebas, se determinará quién tiene la razón.
“Yo dudo mucho que por los mediáticos que se han hecho estos temas que haya algún tema de corrupción, porque dejaría en evidencia a los elementos o a las personas que están presentando los elementos delictivos ante los jueces”.
No obstante, reconoció el derecho a la defensa de los afectados y reiteró que tendría que litigarse ante las instancias correspondientes.
En cuanto a la reducción de horarios de operación, afirmó que esta decisión corresponde exclusivamente a los Ayuntamientos.
“Cada municipio tiene una razón del por qué reducir los horarios. Por ejemplo, en Chetumal, los lunes los lugares de alimentos están cerrados y la gente se adapta”.
Torres Gómez explicó que regular las horas de consumo de alcohol responde a la necesidad de prevenir afectaciones sociales y a la relación observada entre ingesta de bebidas y ciertos delitos.
Cabe recordar que Leticia Salazar García, presidenta de la agrupación “Es tra, no tra”, acusó una presunta persecución por parte de la FGE, tras operativos que han cerrado al menos 11 establecimientos este año.
Argumentó que estas acciones ponen en riesgo el sustento de cientos de familias y cuestionó la legalidad de estos procedimientos.
