Alertan riesgos sobre Ticomán

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CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con colectivos ciclistas, Avenida Ticomán, en la Alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), se ha convertido en un punto rojo de inseguridad para peatones y ciclistas debido a la mala ejecución de la infraestructura y la omisión de autoridades para atender cruces peligrosos y violaciones al Reglamento de Tránsito.

Tanto a la administración pública central como a la Alcaldía se les ha demandado una intervención urgente con reductores de velocidad, señalización y la liberación de invasiones por parte del comercio formal en la vialidad.

Evelyn Sánchez, del colectivo Justicia Para Todos, señaló que, a raíz del caso del atropellamiento de Emiliano, un menor de 8 años, en la esquina de Ticomán y Riobamba, se exigió una mesa de trabajo con el gobierno de la demarcación para mejorar las condiciones de seguridad en la zona, la cual fue ignorada.

“Con las autoridades se pidieron tres puntos prioritarios: la liberación de Martín Carrera, el recibimiento de víctimas de hechos viales y la liberación del tramo que les corresponde de la ciclovía de Eduardo Molina, porque está tomada por negocios de tapicería que usan la ciclovía para poner sus asientos, sillas de tapicería y herramientas que al final generan un tipo de violencia tanto para los peatones como para los ciclistas”, señaló.

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Sánchez indicó que, aunque hubo un primer acercamiento con la Dirección General de Jurídico de GAM, la comunicación se cortó en cuanto se demandó intervenciones para mejorar la convivencia entre los usuarios de la vía.

“La Gustavo A. Madero no ha tenido un programa digno de movilidad, a pesar de ser una zona de alta densidad por los peregrinos; en la ciclovía de la Villa al año tenemos registrados entre cinco y seis siniestros ocurridos dentro de la ciclovía”, señaló.

Otro de los casos más recientes en la zona es el atropellamiento de José Ángel Bazán por parte de un automóvil que circulaba a exceso de velocidad sobre Matagalpa y Ticomán, a 10 cuadras del caso de Emiliano.

“Después de dos semanas en el hospital con varias fracturas, investigando con vecinos, nos dimos cuenta que ya existía una petición a la Alcaldía desde hace dos años para instalar reductores de velocidad y que siguen sin atender”, señaló el activista y víctima del hecho vial.

Para la investigación de su caso tuvo que interponer una queja ante la Comisión de Derechos Humanos para que la Fiscalía abriera una carpeta de investigación e incluyera los videos de cámaras de seguridad en calles aledañas al punto del siniestro, ya que las ubicadas en el punto exacto del atropellamiento no funcionaban.

“El caso de Emiliano y el mío no son aislados, son consecuencia de un diseño en la zona que ha privilegiado a los autos y que permite velocidades superiores al límite por la omisión de las autoridades”, concluyó Bazán.

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