- La FGE desarrolla programas enfocados en la prevención del delito y el combate a las adicciones.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía General del Estado (FGE) está desarrollando dos programas enfocados en la prevención del delito y el combate a las adicciones.
Uno de ellos contempla la reactivación del operativo de revisión de mochilas en escuelas públicas, mientras que el otro busca implementar un modelo de justicia terapéutica.
Así lo dio a conocer Miguel Ángel Sánchez Tovar, asesor del Fiscal en Prevención del Delito y Adicciones, quien explicó que, durante las charlas realizadas en planteles educativos, muchos padres de familia han solicitado que se retome el Operativo Mochila.
“Estamos en esta etapa donde hemos observado, analizado la necesidad de implementar programas que ayuden a la prevención, que ayuden también al tratamiento, a la rehabilitación y a la reinserción social.
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“Dos proyectos que estamos en estudio, en análisis, que muy probablemente se puedan realizar”.
Reconoció que una parte importante de los delitos se comete bajo el efecto de sustancias psicoactivas, por lo que no basta con aplicar sanciones.
El objetivo, dijo, es lograr una rehabilitación real, de lo contrario, el consumo y la reincidencia delictiva continuarán.
Uno de los proyectos a implementar en el próximo ciclo escolar es el operativo de revisión de mochilas.
Esta medida responde tanto a las solicitudes de los padres como a reportes que indican que algunos estudiantes ingresan a los planteles con objetos prohibidos, como drogas o armas punzocortantes.
El funcionario explicó que, una vez iniciado el ciclo escolar, sostendrán reuniones con los Comités de Padres de Familia.
También mencionó que ya han dialogado con la Comisión de Derechos Humanos, ya que la intención es que las revisiones se realicen de manera aleatoria en escuelas de nivel básico, principalmente en el municipio de Benito Juárez.
“Deben ser regulados y operados directamente por los padres de familia y las autoridades; nosotros sólo somos organizadores; los que van a operar este protocolo tienen que ser los padres de familia, ni siquiera los maestros”.
El segundo programa está relacionado con la justicia terapéutica, conocida en Estados Unidos como “Cortes de Droga”, y que ya opera con buenos resultados en siete estados de la República Mexicana.
Este modelo busca ofrecer una alternativa legal a personas que hayan cometido delitos menores bajo los efectos de sustancias.
Siempre que exista perdón de la víctima, reparación del daño y aceptación de un tratamiento, se les puede ofrecer un criterio de oportunidad contemplado en los Códigos Penales federal y estatal.
“Debe entenderse que es en delitos menores, robo, narcomenudeo, posesión simple, estamos viendo otro tipo de delitos que puedan encaminarse para que la reducción sea sustancial y no la repetición de este tipo de situaciones”.
Sánchez Tovar expresó su confianza en que, una vez que estos programas se pongan en marcha, se logre una disminución en el consumo de drogas y, con ello, una reducción en los delitos relacionados.
