- A pesar de la negativa del IMPI, Lenia Batres seguirá usando el apelativo de ‘Ministra del Pueblo.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.– El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) desató una controversia jurídica y política al negar el registro de la denominación “Ministra del Pueblo”, solicitada por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama. La funcionaria asegura que la decisión fue arbitraria, carente de fundamentos legales y ajena a las facultades del organismo.
La solicitud presentada por Batres tenía como objetivo proteger el uso del seudónimo con el que se ha identificado públicamente y que utilizó durante la campaña previa a la elección judicial del pasado 1 de junio.
De acuerdo con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), este trámite requiere únicamente los datos de la solicitante, la denominación a registrar y el pago de derechos, siempre que no exista un registro previo similar. En este caso, ninguna denominación semejante estaba inscrita.
No obstante, el IMPI argumentó que otorgar la exclusividad del nombre “Ministra del Pueblo” podría impedir que otros funcionarios de la Suprema Corte pudieran utilizar un término relacionado con su investidura y origen democrático.
Además, sostuvo que la denominación podría inducir a error, al asociar un cargo público de duración limitada con una marca registrable a perpetuidad.
Para Batres, estos razonamientos son improcedentes. Señaló que el Instituto confundió conceptos de derecho marcario con funciones propias de cargos públicos, un criterio que no aplicó en casos anteriores donde sí autorizó registros como “Máynez Presidente México”, “Diputado en línea” o incluso la marca “Presidente” para una bebida.
La ministra sostiene que el rechazo no responde a argumentos legales, sino a motivaciones políticas que restringen su derecho a usar la denominación con la que se ha posicionado en el ámbito social y profesional.
Pese a la negativa, Lenia Batres reiteró que seguirá identificándose como “Ministra del Pueblo”, al considerar que el título representa un compromiso personal y una declaración de principios en su labor judicial. Por ahora, evalúa interponer un juicio contencioso administrativo para buscar la nulidad de la resolución emitida por el IMPI.
