- La Profepa impuso el cierre de actividades a la empresa Pecuaria Peninsular en Santa María Chi, Yucatán.
IGNACIO CANUL
MÉRIDA, YUC.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera definitiva a la empresa Pecuaria Peninsular en Santa María Chi, Yucatán.
El cierre de la granja porcícola se dio como resultado de varios años de lucha de comunidades mayas, que han exigido justicia y la reparación de daños.
Las instalaciones denunciadas, han insistido, efectúan descargas directas de aguas residuales, sin tener el permiso ambiental.
Ahora, se buscará que la granja se enfoque en la reparación de los daños ocasionados en la zona, a través de la elaboración de un estudio de daño ambiental, y mediante el seguimiento al proceso de desmantelamiento y un abandono adecuado del sitio.
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La empresa sancionada incumplió reiteradamente siete medidas correctivas que le impuso la autoridad federal ambiental, entre las que destaca corregir la descarga directa de sus aguas residuales que realizó sin permiso y la omisión en la caracterización de sus lodos.
Las denuncias fueron presentadas por organizaciones de la sociedad civil y las comunidades mayas desde el 2021.
A raíz de las querellas, la Profepa realizó visitas de inspección a las granjas porcícolas ubicadas en los municipios de Muna, Mérida, Kinchil, Izamal y Tizimín.
Igualmente, en Santa Elena, Conkal, Cacalchén, Hoctún, Hunucmá, Mayapán, Opichén, Maxcanú, Suma, Sotuta, Progreso, Tekax, Tixpéhual, Abalá y Kopomá.
De las inspecciones ambientales se impuso la clausura de la empresa Pecuaria Peninsular, que operaba una de las granjas.
“Este caso es fundamental para la Profepa; conocemos la lucha de años de las comunidades de la zona, quienes han padecido los impactos y las afectaciones a su calidad de vida y a su entorno”, señaló la procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy.
“Las vecinas y vecinos de esta empresa se han amparado, han hecho denuncias, han buscado la justicia con autoridades de todos los niveles y hoy la Profepa trabaja con ellos para lograr esta clausura definitiva”, dijo.
Boy Tamborrell reconoció que para la Profepa es una prioridad atender la problemática sobre los impactos de las granjas de cerdos en la Península de Yucatán.
Igualmente, atender a las comunidades afectadas y asegurar que se cumpla su derecho constitucional al medio ambiente, que forma parte del compromiso con la justicia ambiental.
“Continuaremos trabajando con el fin de garantizar la protección del medio ambiente y la salud pública, y para evitar violaciones del derecho humano al medio ambiente y para regular de forma efectiva a este sector”, puntualizó.
