- El Poder Ejecutivo federal envió al Senado una reforma a la Ley de Amparo que propone evitar que las suspensiones de jueces frenen el congelamiento de cuentas ordenado por la UIF.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- El Poder Ejecutivo federal envió al Senado una reforma a la Ley de Amparo que propone evitar que las suspensiones de jueces frenen el congelamiento de cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y, con ello, permitan que sigan operando redes ligadas al lavado de dinero o al financiamiento del terrorismo.
El proyecto establece que la suspensión provisional nunca procederá en estos casos y la suspensión definitiva sólo se podrá conceder para permitir el uso de los recursos que se encuentran en las cuentas inmovilizadas, si se acredita la legalidad de ellos.
La propuesta contempla un “mínimo vital” para las personas afectadas por el congelamiento de cuentas, con la finalidad de que puedan cubrir necesidades esenciales como salarios, pensiones y vivienda, pero sin poner en riesgo la efectividad de las medidas legales.
En la exposición de motivos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que, en los últimos siete años, el uso y abuso de amparos contra el congelamiento de cuentas ha “liberado” unos 59 mil millones de pesos.
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Según explicó, entre diciembre de 2018 y agosto de este año, se han promovido 3 mil 659 amparos en los que se reclamó a la UIF los efectos de la Lista de Personas Bloqueadas.
En respuesta, la Unidad cumplió mil 407 suspensiones definitivas para desbloquear cuentas y mil 431 sentencias firmes, que ordenaron eliminar personas de la lista o detener sus efectos.
Tras la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte del 27 de enero de 2025, la UIF ha cumplido 45 suspensiones eliminando sujetos de la Lista de Personas Bloqueadas.
En términos financieros, gracias a las suspensiones otorgada por jueces, se han desbloqueado cuentas con montos asociados por 27 mil millones de pesos, que representan el 54.4 por ciento del total de montos congelados inicialmente.
Además, las ejecutorias de amparo han permitido liberar 32 mil millones de pesos, que representan el 64.9 por ciento del total de montos bloqueados inicialmente.
Tan solo en 2023 y 2024, los montos desbloqueados por suspensiones representaron 86.3 por ciento y 72.3 por ciento, respectivamente.
En la iniciativa se plantea modificar el artículo 129 de la Ley de Amparo para establecer que conceder una suspensión afecta el interés social y se contravienen disposiciones de orden público.
*Con información de Agencia Reforma
