- Muestra nueva Corte su compromiso con los derechos humanos; atrae para resolución tres asuntos de relevancia social a los que tribunales y juzgados no pudieron darles solución.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- En una sesión de alto perfil jurídico y relevancia social, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ejercer su facultad de atracción y reasunción de competencia para conocer tres asuntos clave que podrían redefinir el ejercicio de derechos fundamentales en México. Los casos abordan los derechos de niñas, niños y adolescentes; los derechos de pueblos y comunidades indígenas; y la penalización del aborto en el estado de Tamaulipas.
A juicio de los ministros, esta decisión refleja el compromiso de la Nueva Suprema Corte con la defensa de los derechos humanos, particularmente de grupos en situación de vulnerabilidad, reafirmando su papel como garante constitucional frente a los desafíos sociales más complejos y urgentes.
Derecho a la vivienda digna de la infancia
El primer caso que analizará el Pleno gira en torno al derecho de habitación de niñas, niños y adolescentes en contextos de disolución familiar. La SCJN estudiará si menores pueden reclamar el desalojo de un inmueble que forma parte de un convenio de divorcio, cuando su permanencia en dicho espacio representa la garantía de su derecho a una vivienda digna.
Este análisis representa un parteaguas en la forma en que se interpreta y aplica el principio del interés superior de la niñez, buscando que los derechos de los menores prevalezcan incluso por encima de acuerdos contractuales entre adultos.
Reconocimiento de autoridades indígenas como fedatarios
En otro asunto, la Corte revisará un caso del estado de Chihuahua sobre la posibilidad de que autoridades indígenas ejerzan funciones de fe pública en sus comunidades, en concordancia con sus usos, costumbres y cosmovisión. El análisis se centrará en la compatibilidad de esta función con el marco constitucional mexicano, en un contexto donde las comunidades demandan mayor reconocimiento y autonomía para ejercer sus propios sistemas de justicia y gobernanza.
Este caso tiene implicaciones profundas para el pluralismo jurídico del país y para el reconocimiento efectivo de los derechos colectivos de los pueblos originarios.
Penalización del aborto en Tamaulipas
El tercer tema que llegará a la Corte aborda la constitucionalidad de los artículos del Código Penal de Tamaulipas que criminalizan el aborto. El caso fue promovido por un grupo de mujeres que sostiene que la sola vigencia de estas normas tiene un efecto estigmatizante y criminalizante, incluso si no se aplican sanciones activas.
La solicitud de atracción plantea que no basta con eliminar la penalización, sino que es necesaria una reparación integral que incluya la incorporación de la interrupción legal del embarazo en los programas de educación sexual.
Trascendencia y futuro
Los tres asuntos fueron formalmente aceptados bajo los expedientes Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 317/2025, y Solicitudes de Reasunción de Competencia 69/2025 y 70/2025, resueltos este miércoles 1 de octubre por el Pleno.
