- El Senado consumó anoche, con 76 votos a favor y 39 en contra, la reforma a la Ley de Amparo propuesta por el Ejecutivo federal.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado consumó anoche, con 76 votos a favor y 39 en contra, la reforma a la Ley de Amparo propuesta por el Ejecutivo federal, encaminada a modernizar y fortalecer ese mecanismo jurídico de defensa de los ciudadanos y a eliminar los abusos en que se ha incurrido, sobre todo en el caso de créditos fiscales.
Pese a las críticas de la oposición, Morena y sus aliados validaron la iniciativa presidencial, que tuvo ajustes de última hora, como el reconocimiento del interés legítimo para la presentación de demandas colectivas.
Durante el debate, legisladores de oposición insistieron en que la reforma acaba con el juicio de amparo, mientras que los morenistas y aliados resaltaron que con lo que se acaba es con excesos y arbitrariedades, que permitieron evadir impuestos, descongelar cuentas provenientes del lavado de dinero o liberar a delincuentes.
Morena alegó que el fin último de la reforma es “fortalecer al juicio de amparo como escudo ciudadano frente al poder”, sin dejar de cerrar los resquicios que han permitido abusos procesales que afectan al interés colectivo y con ello el desarrollo del país.
Los aspectos principales asoman en la figura del “interés legítimo”, de suerte que se define con mayor precisión, y, según el senador Javier Corral, debe traducirse en una lesión jurídica, individual o colectiva, real y diferenciada, cuya reparación produzca un beneficio cierto y no hipotético o eventual para la persona quejosa.
La reforma “evita demandas basadas en intereses abstractos. La sobrecarga de los tribunales con juicios de amparo sin fundamento y fortalece la seguridad jurídica, pero sin cerrar la puerta al acceso a la justicia de colectivos que acrediten afectaciones efectivas”.
En relación con la suspensión del acto reclamado, se mantiene como instrumento esencial de protección, pero se establecen límites en casos sensibles, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, actividades sin concesión y deuda pública.
La senadora panista Guadalupe Murguía reprochó la aprobación de una reforma “que tiene el sello de la casa: con prisas, con improvisaciones, con cambios repentinos y ajustes sobre las rodillas”.
La modificación de última hora de la definición de interés legítimo, dijo, se quedó corta porque “continúa el requisito de que la suspensión produzca un beneficio cierto y no meramente hipotético para el quejoso.
“Por ejemplo, si la autoridad de salud se niega a comprar vacunas contra el sarampión, será difícil acreditar el perjuicio que esto pudiera causar a los niños, toda vez que de entrada no sabemos a cuántos menores puede perjudicar esta medida”.
Por el PRI, Claudia Anaya hizo notar que el juicio de amparo “no sólo es una pieza central del derecho mexicano y su principal aportación ilegal al orden jurídico universal es la cristalización de un recurso judicial efectivo como un derecho humano.
“Es inconcebible que el país que le dio al mundo el juicio de amparo sea justamente el que hoy da pasos regresivos en el espíritu garantista que habíamos alcanzado hasta ahora”.
Con sorna, los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda y Alejandra Barrales hablaron de la “ley del desamparo” para poner de relieve el carácter de indefensión en que, según ellos, queda el ciudadano.
*Con información de Agencia Reforma
