José Réyez
Cada día, en la frontera entre México y Estados Unidos, se repite una tragedia sistemática. Miles de migrantes son víctimas de violencia, crueldad y un sinfín de abusos por parte de las fuerzas de seguridad que, en teoría, deberían operar bajo el marco del respeto a los derechos humanos.
Desde la toma de posesión del presidente Donald Trump, su administración ha aumentado las detenciones de migrantes en todo el país. Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)I, a mediados de abril, 45 de los 181 centros de detención autorizados en todo el país superaban su capacidad contractual.
Los inmigrantes y sus defensores legales están demandando para detener las políticas ilegales de la administración Trump que han resultado en el arresto, detención y deportación acelerada de potencialmente miles de personas que comparecieron a sus audiencias programadas en los tribunales de inmigración en todo el país en los últimos meses.
La demanda colectiva busca poner fin a la colusión en curso entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) que ha despojado intencionalmente a las personas de los derechos básicos del debido proceso otorgados por la ley de inmigración de los EE. UU. y la Quinta Enmienda para colocarlos en procedimientos de deportación acelerada y deportarlos sin audiencias.
Todos los demandantes comparecieron a sus audiencias con la intención de solicitar protección u otro estatus legal en Estados Unidos, pero inesperadamente, un abogado del gobierno solicitó al juez de inmigración que desestimara sus casos. Cuando un juez accedió a la desestimación, a menudo a pesar de las objeciones de los demandantes, estos fueron arrestados y detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del DHS que los esperaban en el juzgado.
Los detenidos en los centros de detención de migrantes de Florida están siendo sometidos a condiciones inhumanas, incluyendo falta de atención médica, hacinamiento y tratos degradantes.
Un informe reciente, elaborado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Iniciativa Kino para la Frontera (KBI), documenta con crudeza esta realidad: detenciones violentas, lenguaje racista y sexista, separaciones familiares, deportaciones peligrosas, falsificación de documentos y pérdida de al menos 20 vidas.
La base de datos de WOLA, actualizada regularmente, recoge cientos de casos desde 2020, muchos de ellos de una gravedad extrema. Pero estos números no son sólo estadísticas; son historias de personas que han sido despojadas de su dignidad, sus documentos y, en ocasiones, de su vida. Lo más alarmante es que, a pesar de la evidencia, la rendición de cuentas es casi inexistente.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la agencia civil de seguridad más grande de Estados Unidos enfrenta un problema crónico de impunidad. Un número considerable opera con un nivel de violencia y arbitrariedad que contradice cualquier estándar democrático. Y cuando surgen denuncias, el sistema diseñado para investigarlas parece más un laberinto burocrático que un mecanismo de justicia.
Cuatro agencias superpuestas —la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL), la Oficina del Inspector General (OIG), el Centro de Admisión Conjunta (JIC), la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) y la Oficina del Ombudsman de Detención de Inmigrantes (OIDO)— se reparten las quejas, pero ninguna tiene los recursos, la claridad o el poder para actuar con eficacia.
El resultado: el 95% de las denuncias presentadas por KBI no terminaron en ninguna medida de rendición de cuentas. Sólo el 5% generaron recomendaciones disciplinarias o políticas.
Este sistema, descrito como “innavegable” y “opaco”, está plagado de “puntos de falla”: casos que se archivan sin seguimiento, que se cierran bajo el argumento de “no hubo violación de política”, o que simplemente se pierden en el trámite entre agencias. Para las víctimas, muchos de ellos ya deportados, el acceso a la justicia es una quimera.
Frente a este panorama, WOLA y KBI han elaborado más de 40 recomendaciones concretas. Entre ellas, simplificar el proceso de denuncia, liberar a las víctimas de la carga de elegir entre múltiples agencias, dotar de mayor independencia y recursos a los organismos investigadores, y urge al Congreso estadounidense a realizar más auditorías, exigir informes detallados y aprobar leyes que clarifiquen las competencias de estas instancias.
Pero más allá de las reformas estructurales, hay un llamado ético subyacente: es inaceptable que, en un país que se presenta como defensor de los derechos humanos, las fuerzas de seguridad actúen con tal grado de impunidad. La falta de rendición de cuentas no sólo afecta a las víctimas directas; corroe la credibilidad de las instituciones y normaliza la violencia.
El informe no es sólo una crítica; es una hoja de ruta para la acción. Y aunque el debate migratorio en Estados Unidos está polarizado, hay un punto en el que, en teoría, todos deberían coincidir: los abusos documentados son inadmisibles.
La crueldad no puede ser el precio de cruzar una frontera, donde la impunidad sigue siendo la norma, y la justicia, una promesa incumplida.
