- La Profepa impuso la clausura total temporal a dos predios en la localidad de Chicxulub Puerto.
IGNACIO CANUL
PROGRESO, YUC.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura total temporal a dos predios en la localidad de Chicxulub Puerto, municipio de Progreso, Yucatán.
Esto, al detectar la destrucción y relleno ilegal de ecosistemas de manglar, considerados vitales para la protección costera y la biodiversidad.
Las acciones de la dependencia se ejecutaron luego de visitas de inspección realizadas el pasado 30 de septiembre.
En los sitios clausurados, con superficies afectadas de 301 metros cuadrados y 136 metros cuadrados respectivamente, los inspectores de Profepa confirmaron la eliminación de vegetación de manglar y el relleno de las áreas con material pétreo.
Estas actividades, que provocan un grave desequilibrio ecológico, fueron realizadas sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental que debe emitir la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que constituye una infracción grave a la legislación ambiental vigente.
Ante la evidencia del daño, se procedió a la colocación de sellos de clausura, ordenando el cese inmediato de toda actividad como medida de seguridad urgente para proteger los ecosistemas remanentes.
La Profepa recordó que los manglares son ecosistemas fundamentales para la zona costera, ya que funcionan como barreras naturales contra el impacto de tormentas y huracanes, además de ser cruciales como refugio, zona de alimentación y criadero para múltiples especies de flora y fauna.
La destrucción de estos humedales pone en riesgo no solo a la biodiversidad local, sino también la seguridad de las comunidades humanas asentadas en la costa.
La autoridad ambiental subrayó que los asentamientos irregulares y las obras ilegales en humedales de Chicxulub Puerto representan un problema recurrente en la zona desde hace más de dos décadas.
Ha generado conflictos por la tierra y una presión constante sobre los recursos naturales.
En años recientes, la Profepa y otras instancias han incrementado las sanciones y clausuras, actuando en respuesta a denuncias ciudadanas e informes técnicos que documentan el perjuicio ambiental y social de estas prácticas.
La Procuraduría refrenda su compromiso de vigilar y hacer cumplir la legislación para proteger los ecosistemas costeros de Yucatán y garantizar un desarrollo ordenado y sustentable.
