- Ante las fallas que rodearon la desaparición y localización de Francisca Mariner Flores Patrón, cuyos restos permanecieron cuatro años sin identificar en las instalaciones del Servicio Médico Forense.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO. – Tres exfuncionarios más podrían ser llamados a rendir cuentas ante las autoridades judiciales por su presunta responsabilidad en omisión y fallas que rodearon la desaparición y localización de los restos de Francisca Mariner Flores Patrón, quien permaneció cuatro años sin identificar en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).
La presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, María Dolores Patrón Pat, quien también es la madre de Francisca, criticó el procedimiento desde que comenzó la investigación por la desaparición de su hija.
Las autoridades, dijo, no aplicaron el protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas, lo que resultó en múltiples errores institucionales.
Estas omisiones, explicó, provocaron que el cuerpo de su hija no fuera identificado a tiempo, a pesar de que fue reportada como desaparecida el 22 de junio de 2020.
El hallazgo de los restos ocurrió cuatro años después, al interior de las instalaciones del Semefo, donde permanecieron sin ser identificados.
“Nos quedan pendientes tres servidores públicos más que todavía estamos batallando para conseguir las pruebas suficientes para poder judicializar esa carpeta de investigación”.
Este miércoles, se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso -la cual hasta esta noche continuaba-, de tres exfuncionarios implicados.
Los acusados son un agente del Ministerio Público que llevó la carpeta de investigación, un fiscal de homicidios que participó en el levantamiento del cuerpo, y un químico forense responsable de las pruebas genéticas.
De acuerdo con la denuncia, el químico forense habría etiquetado con nombre incorrecto las muestras de ADN, lo que impidió que coincidieran con el perfil genético de Francisca, retrasando su identificación.
Patrón Pat informó que, hasta ahora, una exfiscal ya fue vinculada a proceso y se encuentra bajo medida cautelar, cumpliendo prisión domiciliaria.
Agregó que este caso podría marcar un precedente en Quintana Roo, al ser uno de los primeros procesos judiciales promovidos contra funcionarios por negligencia en casos de desaparición.
De comprobarse su responsabilidad, las penas podrían alcanzar entre tres y cuatro años de prisión preventiva.
Advirtió, que si las autoridades no actúan conforme a la justicia y el fallo favorece a los exservidores públicos, tomarán acciones como el cierre de calles o realizarán manifestaciones al interior del Poder Judicial del estado.
