- La modificación legal es contraria al principio de progresividad establecido en la Constitución, consideró el presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Colegio Profesional A.C., Mauro Carmona Díaz de León.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- Especialistas en Derecho en el estado manifestaron su preocupación por la reforma a la Ley de Amparo, aprobada en lo general por la Cámara de Diputados.
La Barra de Abogados de Quintana Roo, Colegio Profesional A.C. consideró que las modificaciones legales representan un retroceso en derechos humanos y limitan el acceso a la justicia.
El presidente del organismo, Mauro Carmona Díaz de León, calificó la reforma como una iniciativa “pro autoridad” y contraria al principio de progresividad establecido en el artículo primero de la Constitución.
Las inquietudes principales del gremio se centran en tres aspectos clave, como son la figura del interés legítimo, la suspensión del acto reclamado y el cumplimiento de las sentencias de amparo.
Según la Barra de Abogados de Quintana Roo, Colegio Profesional A.C, uno de los puntos más preocupantes es que la reforma limita el concepto de interés legítimo al exigir que haya una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de la población.
Esta condición podría impedir que grupos vulnerables o colectivos puedan interponer amparos, obstaculizando su acceso a la justicia.
La medida cautelar por excelencia en estos casos, como es la suspensión del acto reclamado, perdería fuerza, ya que la reforma permite a los jueces negarla basándose en criterios de “interés social”.
Por su parte, el director de la Comisión de Derecho Constitucional y Amparo, Mario González Diego Gutiérrez, informó que esa agrupación participó en las mesas de trabajo organizadas por la Cámara de Diputados.
En su participación, propusieron modificaciones a los artículos 128 y 138 para reforzar la protección de los ciudadanos frente a actos como las órdenes de aprehensión o detenciones arbitrarias.
Respecto al impacto ambiental, los abogados advirtieron que los amparos colectivos también estarían en riesgo, así como el derecho a un medio ambiente sano.
Pusieron como ejemplo el caso del Malecón Tajamar en Cancún, del cual la justicia federal falló en favor del derecho ambiental, por encima de intereses económicos.
En este contexto, la asociación anunció la celebración del Segundo Congreso Internacional de Derecho, en colaboración con el Colegio de Doctores en Ciencias Públicas de Iberoamérica, el próximo 13 y 14 de noviembre.
Este encuentro tendrá como objetivo reflexionar sobre el derecho constitucional y convencional, así como los retos para garantizar una justicia sustantiva, a través de fomentar el análisis y el diálogo entre especialistas y asistentes.
