- Ante el crecimiento en las denuncias por el delito de despojo, el Congreso del Estado analiza nuevas reformas a leyes.
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MONTERREY, NL.- Ante el crecimiento en las denuncias por el delito de despojo, el Congreso del Estado analiza nuevas reformas a leyes y códigos para tratar de contenerlo.
El Diputado Javier Caballero, presidente de la Comisión de Justicia del Legislativo, explicó que aunque desde 2024 han impuesto candados y requisitos importantes aún hay área de oportunidad en las que deben de trabajar para dar certeza al ciudadano.
Explicó que como parte de estos cambios buscan que el delito de despojo sea considerado como un tema de interés social para evitar el otorgamiento de suspensiones de amparo, y también un rediseño de las alertas inmobiliarias para que puedan ser universales y gratuitas.
“Presentamos una iniciativa para que en el Código Penal se pueda declarar bien de interés social o interés público un despojo para evitar que pueda haber amparos federales, que era una práctica muy común”, explicó el legislador.
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“Estamos de cerca con la Fiscalía de poder publicar un protocolo de actuación en caso de despojos, para que los ciudadanos sepan qué hacer cuando se vean afectados de alguna manera. Y estamos trabajando también en la reconceptualización de las alertas catastrales”.
Estos cambios se sumarían a otros que han entrado en vigor desde el año pasado en la Ley del Notariado y en los Códigos Penal y Civil.
Por ejemplo, en 2024 se impuso a los notarios la obligación de validar los antecedentes de las escrituras, se implementó el uso de alertas inmobiliarias, y se elevaron las penas cuando se suplante identidad, se simulen actos jurídicos o participen servidores públicos.
Este año se implementó la utilizaron datos biométricos para validar la identidad, se obligó a los notarios a contar con un sistema de validación de documentos, se crea el código QR homologado para validar procesos y se crean sanciones para los fedatarios que omitan la inscripción de poderes en el Registro Nacional de Poderes.
La reforma más reciente establece penas de hasta ocho años de prisión para el delito de despojo.
El Diputado señaló que pese a todos los candados siguen viendo temas a reforzar la actuación de notarios, funcionarios del Instituto Registral y Catastral y abogados.
“Hemos detectado que aún hay algunas áreas de oportunidad en funcionarios de Gobierno, en notarios también, y obviamente, pues en las bandas de abogados que hay que se dedican precisamente a andar buscando cómo afectar a todas estas familias”. explicó.
EL NORTE publicó el miércoles que tanto sólo de enero a agosto de este año se registraron 947 denuncias por este delito, es decir cuatro diarios.
Esta cifra es 12 por ciento superior a la registrada en el mismo periodo del año pasado.
