- Los juicios y sentencias emitidas contra presuntos extorsionadores en Quintana Roo, por el contenido de la Ley General Contra la Extorsión aprobada en la Cámara de Diputados, podría afectar las investigaciones, advirtió el diputado Hugo Alday Nieto.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- Los juicios y sentencias emitidas contra presuntos extorsionadores en Quintana Roo, por el contenido de la Ley General Contra la Extorsión aprobada en la Cámara de Diputados, podría afectar las investigaciones, advirtió el diputado Hugo Alday Nieto.
Esa ley, que todavía requieren el aval del Senado para tener vigencia, establece penas de entre seis y 15 años de prisión, mientras que en la legislación de Quintana Roo se alcanza, para diversas modalidades de ese delito, entre seis y 25 años de cárcel.
Alday Nieto considero que esa desproporcionalidad traerá consecuencias jurídicas a este tipo de temas en la entidad; algunos sentenciados o en proceso hasta podrían recuperar su libertad inmediata por el efecto de retroactividad.
Recordó que en la anterior Legislatura se endurecieron las sanciones y se establecieron en el código penal de Quintana Roo las penas de hasta 25 años de prisión.
Esto, para atender la creciente incidencia de estos delitos, sobre todo en la modalidad conocida como “cobro de derecho de piso”, denunciada desde el empresariado.
Además, se estableció en el Código local, que, este tipo de delitos se persigan de oficio y no desde una denuncia o querella, además de modificar también el delito de amenazas para hacer más ágil la investigación y persecución de los delincuentes.
Reconoció carecer de alguna cifra sobre los casos en proceso o ya sentenciados de este delito en Quintana Roo.
Advirtió que, al duplicarse los años de cárcel en la legislación local, las personas sujetas a proceso por estos supuestos puedan ampararse y hasta lograr su liberación.
“Estamos en un escenario en donde puede verse la posibilidad de amparos, relacionado con la gran diferencia de las penas de cárcel entre la legislación federal en proceso y la que ya existe en Quintana Roo.
“Puede generar también acciones de inconstitucionalidad en contra del marco legal y el tipo de nuestro estado”, advirtió Alday Nieto.
Quintana Roo es uno los cuatro estados del país en donde el tipo penal de extorsión se sanciona con mayor severidad, en comparación con esta nueva ley general contra la extorsión, como en Chihuahua, en donde hay penas de 30 años de prisión.
Los conflictos que se generan por la desproporcionalidad apuntan que en algunos casos uno está purgando una condena; esta ley puede generar un conflicto de retroactividad y ponerlo en libertad.
Alday Nieto hizo un llamado público a los integrantes del Senado de la República para realizar una revisión más exhaustiva a la Ley General Contra la Extorsión.
En su caso, aumentar las penas para eliminar los riesgos de conflictos legales en los estados con mayores años de cárcel contra esos delitos.
