- El Pleno de la Sexagésima Novena Legislatura aprobó este miércoles, con 31 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, la Ley de Interrupción Legal del Embarazo para niñas y adolescentes en Chiapas.
JORGE GONZÁLEZ
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- El Pleno de la Sexagésima Novena Legislatura aprobó este miércoles, con 31 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, la Ley de Interrupción Legal del Embarazo para niñas y adolescentes en Chiapas.
La nueva legislación regula y garantiza el acceso al procedimiento en instituciones del Sistema Estatal de Salud para niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de violación.
Durante la sesión ordinaria presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, se dijo que esta ley establece la obligación de notificar a las autoridades competentes sobre los hechos.
En tribuna participaron legisladoras de ambos bloques: Jovannie Maricela Ibarra Gallardo y María Isabel Rodríguez Jiménez se pronunciaron en contra de la iniciativa.
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Elvira Catalina Aguiar Álvarez, Getsemaní Moreno Martínez, Marcela Castillo Atristain, Ana Karen Ruiz Coutiño, Andrea Negrón Sánchez, Rosa Linda López Sánchez y Faride Abud García defendieron su aprobación.
Al presentar el dictamen, la diputada Marcela Castillo Atristain señaló que la iniciativa responde a una realidad alarmante: Chiapas ocupa el primer lugar nacional en embarazos infantiles, la mayoría derivados de agresiones sexuales cometidas por familiares o personas cercanas.
“Mucho de lo que nos hemos encontrado es con objetores de conciencia, pero hoy, con esta ley, las instituciones de salud están obligadas a prestar el servicio en un máximo de cinco días”, indicó.
La norma se sustenta en tres pilares: elimina cualquier restricción temporal para acceder a la interrupción legal del embarazo y garantiza una respuesta ágil al fijar un plazo máximo de cinco días hábiles para realizar el procedimiento.
También establece mecanismos para neutralizar la objeción de conciencia, que históricamente ha limitado el ejercicio de este derecho.
Castillo Atristain hizo un llamado a las instituciones de salud para implementar la ley de manera efectiva, mediante la capacitación del personal y la creación de protocolos que eviten la revictimización de niñas y adolescentes.
Las menores que hayan sido violentadas podrán acceder a un procedimiento seguro, gratuito y de calidad, sin discriminación ni criminalización.
“El embarazo infantil no es una elección, es la consecuencia de un delito”, subrayó.
