- El Frente Feminista Quintana Roo acusó que hay omisiones y probable corrupción, tráfico de influencias o conflictos de interés por parte de jueces.
IGNACIO CALVA
CANCÚN, Q. ROO.- El Frente Feminista Quintana Roo, integrado por colectivas como la Red de Víctimas Quintanarroense, el Colectivo Femenil Xtabay Quintana Roo y Madres Buscadoras, entre otras, denunciaron negligencia del nuevo sistema judicial del estado
A los jueces señalaron de incurrir en una serie de irregularidades y violaciones a procesos judiciales familiares, como el caso de la víctima de violencia familiar y vicaria, Celia Ivette.
Las activistas inconformes aseguraron que la actuación del sistema judicial refleja un patrón de negligencia.
A pesar de que Celia ha presentado múltiples denuncias, dijeron, su carpeta de investigación no ha sido judicializada, y las autoridades le han retirado las medidas de protección para ella y sus hijas.
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Con lo anterior, acusaron, se están ignorando los dictámenes psicológicos y de riesgo que advertían una vulnerabilidad de las menores.
Las denunciantes señalaron también al juez penal Guillermo Baca González Pliego, quien revocó las medidas de protección dictadas en favor de las niñas, “demostrando desconocimiento del caso y del principio del interés superior de la niñez”.
“Este juez decidió aceptar los argumentos del agresor y retirar las medidas de protección, aun cuando no es su competencia, pues se trata de un asunto familiar, no penal”.
Además, señalaron a la jueza Marcela del Pilar Campos Chalé, del Juzgado Familiar Oral de Cancún, por haber autorizado convivencias entre el agresor y las hijas de Celia todos los sábados.
La orden se dio a pesar de que los peritajes psicológicos confirmaron el temor de las menores hacia su padre.
La misma juzgadora, añadieron, ha ignorado las demandas de divorcio, guarda, custodia y pensión alimenticia presentadas por la víctima, mientras que se da curso a las peticiones del agresor para mantener contacto con las niñas.
Por esta situación, los colectivos y la asesora jurídica de la víctima hicieron un llamado a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y a la sociedad, para exigir justicia, protección y sanciones a los funcionarios que han incurrido en omisiones y posibles actos de corrupción.
Además, advirtieron que no es un caso aislado, sino que forma parte de un patrón que se repite en la entidad, donde hombres denunciados por violencia alegan ser víctimas de denuncias falsas para revertir procesos judiciales.
Con lo anterior, obtendrían ventajas en los juicios familiares, incluso con antecedentes de incumplimiento o agresión.
Según los reportes de las quejosas, existen entre 10 y 15 servidores públicos señalados por actuar a favor de los agresores, presuntamente por tráfico de influencias o conflictos de interés.
No obstante, sólo cinco de estas denuncias han sido judicializadas, y en otros tres casos los funcionarios fueron vinculados a proceso.
“Nosotras como colectivos feministas, como víctimas, estamos enfrentándonos a una burocracia donde se protegen, donde hay amiguismos y compadrazgos, y tráfico de influencias porque evidentemente forman parte de un sistema”.
“Estamos en una nueva era, pero no por las autoridades, sino porque las víctimas ya perdieron todo, hasta el miedo, y ya no les queda otra cosa que hacer más que señalar aquel fiscal, juez o servidor público que esté entorpeciendo la investigación o le impida obtener justicia”, concluyeron.
