- Seis integrantes del Ejército mexicano fueron detenidos y están recluidos en el penal de Mazatlán, por su presunta implicación en la muerte de las niñas Leydi (11 años) y Alexa (siete años).
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CIUDAD DE MÉXICO.- Seis integrantes del Ejército mexicano fueron detenidos y están recluidos en el penal de Mazatlán, por su presunta implicación en la muerte de las niñas Leydi (11 años) y Alexa (siete años).
El hecho ocurrió en mayo pasado en la sierra de Badiraguato, confirmó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El mandatario estatal informó de la detención en conferencia de prensa y aseguró que se avanza hacia la justicia en el caso.
“Desde que ocurrió, por los mandos supe que estaban retenidos, ellos tienen formas y sus procesos les permiten hacer eso, les dicen: no te vayas, quédate aquí, vamos a ver cuál es tu responsabilidad”, declaró Rocha Moya.
“Pero eran cosas que yo no podía declarar, pero ya lo preguntaron y ya se aclaró. Yo estoy muy satisfecho porque se hace justicia.
“Lamentablemente, las niñas no van a nacer, ese es el gran dolor de los sinaloenses, todos los niños y jóvenes que mueren en esta guerra sin sentido”.
El gobernador se refirió a este caso ocurrido en mayo pasado, cuando en la comunidad El Naranjo, en Badiraguato, un convoy de seguridad federal y de la Fiscalía General de Justicia del Estado fue emboscado por un grupo armado.
Efectivos del Ejército respondieron a la agresión, y en medio de la refriega, una familia que viajaba por la zona quedó atrapada.
“Hoy puedo decirles que están presos en Mazatlán y que este asunto ha sido resuelto, no habrá impunidad”, afirmó.
Leydi y Alexa fallecieron tras ser alcanzadas por las balas, mientras que su hermano Gael, de 12 años, y sus padres, Saúl y Anabel, resultaron gravemente heridos.
En un inicio, se manejó la versión de un “fuego cruzado”, pero las familias de las víctimas insistieron en que se trató de un ataque directo por parte de los militares contra la camioneta en la que se trasladaban.
Luego de lo sucedido, los militares involucrados fueron retenidos por sus superiores para dar curso a las investigaciones internas.
La muerte de las hermanas generó indignación y movilizaciones de familiares, amigos y ciudadanos, quienes exigieron una investigación exhaustiva y castigo a los responsables.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una carpeta de investigación, la cual fue remitida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para su seguimiento.
La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que se abrieron investigaciones paralelas en las fiscalías generales de la República y de Justicia Militar. El delito que se imputa a los militares es homicidio doloso.
